Víctimes del genocidi franquista. Ni oblit ni perdó: justícia

El gobierno español se niega a reconocerlos como víctimas del franquismo y les da tratamiento de terroristas. Manifiesto de protesta y de recogida de firmas. Incluye artículo de José Yoldi "Los dados trucados"

27/09/75: los últimos antifascistas asesinados por el dictador Franco.

Las sentencias se dictaron en consejos de guerra sumarísimos, sin pruebas, sin garantías judiciales, con expulsión de abogados, sin tener en cuenta las torturas a que fueron sometidos los detenidos. La violencia fascista de la dictadura mostró, una vez más, su rostro más feroz

diumenge 5 de juliol de 2009

Artículo de José Yoldi "Los dados trucados" al final

Como ex-militantes del PCE (m-l) y del FRAP, ante la decisión de la Comisión de Valoración de la llamada Ley de la Memoria Histórica, que rechaza la condición del víctima de José Luís Sánchez Bravo (fusilado el 27/09/1975), al interpretar dicha comisión y los informes policiales requeridos, que el Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP) fue una organización terrorista negándole su carácter político y antifascista, exponemos:

1. El 27 de septiembre de 1975 cinco antifascistas eran fusilados en distintos lugares del estado. En Hoyo de Manzanares (Madrid), los militantes del PCE (m-l) y del FRAP: Xosé Humberto Baena, José Luís Sánchez-Bravo y Ramón García Sanz. En Cerdanyola del Vallès (Barcelona), el militante de ETA: Juan Paredes “Txiki”. Y en el Penal de Villalón (Burgos), el también militante de ETA: Ángel Otaegui.

2. Las sentencias se dictaron en consejos de guerra sumarísimos, sin pruebas, sin garantías judiciales, con expulsión de abogados, sin tener en cuenta las torturas a que fueron sometidos los detenidos. La violencia fascista de la dictadura mostró, una vez más, su rostro más feroz.

3. El Consejo de Ministros del día 26 de septiembre de 1975, por unanimidad y pronunciamiento personal, ratificó las cinco sentencias de muerte y se conmutaron las de los militantes del PCE (m-l) y el FRAP: Manuel Blanco Chivite, VIadimiro Fernández, Concepción Tristán, María Jesús Dasca y Manuel Cañaveras.

4. Ante la ola de manifestaciones y protestas estatales e internacionales, de repulsa de estos crímenes, el 1 de Octubre 1975 un Franco balbuceante junto a Juan Carlos de Borbón salían al balcón del Palacio de Oriente a recibir los aplausos de los fascistas allí congregados. El dictador moría cuarenta días después y Juan Carlos era proclamado rey de la monarquía instaurada por Franco.

5. El Comité pro-Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP) y posteriormente el FRAP, presido por Julio Álvarez del Vayo, era ante todo un marco político de carácter frentista, antifascista y republicano, que adecuó sus formas de lucha y autodefensa popular a las ofensivas represivas de la dictadura.

6. La llamada Ley de Amnistía de 1977, es la base sobre la que construyó el modelo de impunidad español de los crímenes de lesa humanidad y la vulneración permanente de los derechos humanos del nacional-catolicismo fascista español, y que pone en el mismo plano de igualdad a víctimas y verdugos.

7. El fascismo español ha sido denunciado en los procesos de Núremberg, en Naciones Unidas y por toda la legislación internacional sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad. Ratificado todo ello recientemente, por primera vez en sede judicial, por el juez Garzón.

8. La llamada Ley de la Memoria Histórica, la 52/07, es un simple maquillaje del modelo de impunidad construido en 1977. Una ley que deja fuera de la “memoria oficial” a los guerrilleros, luchadores por la Libertad y la República, a los niños secuestrados, robados a sus madres en las cárceles fascistas y entregadas a familias del régimen, a los que resistieron legítimamente al fascismo por todos los medios, que no anula las farsas de juicios de los tribunales ilegales del franquismo y otros aspectos no menos importantes de 40 años de violencia fascista.

9. Que es inadmisible que en 2009, todavía, la policía del estado español siga ratificándose en el carácter terrorista del FRAP basándose en una sentencia franquista y por tanto concediendo toda legalidad al sistema judicial de la dictadura.

Más allá de nuestros aciertos y errores, no renunciamos a nuestro pasado y presente antifascista y republicano. Ni aceptamos, ni nos resignamos a ser tratados de “terroristas”. Seguiremos, en el marco de esta democracia de baja intensidad y/o a nivel internacional, luchando por los principios democráticos de Verdad, Justicia y Reparación, contra la vulneración de los derechos humanos, contra las injustas sentencias de los tribunales militares y civiles, los crímenes de estado, las limitaciones de los derechos civiles, contra la tortura... aquí y en cualquier parte del mundo.

Estado español, junio de 2009

FIRMAN:

Álvaro Fernández Alonso, Milagros Riera, Joan Aguirrezabal Foraste, Antonio Garcia Carmona, Mar Garcia Orozco, Inmaculada Carbajosa López, Rosa Ines Pérez, Eduardo Garcia Fuente, Eduardo Alvaro Hernandez, Iñaki Alonso Ruiz....

LAS FIRMAN ESTAN ABIERTAS. LAS PERSONAS Y ENTIDADES QUE SE SOLIDARIZAN CON EL ESCRITO:

1. Asociación Cultural "Loquesomos", editores de http://www.loquesomos.org/

2. Associació Ateos y Republicanos,

3. Luis Gimenez, Partido Comunista de los Trabajadores de Argentina www.pctargentina.org

4. Fòrum per la Memòria del País Valencià

Enviar adhesiones:

Col•lectiu Iñaki Roa Risk. E-mail: inyakiroarisk@gmail.com

http://laopiniondeinakiroarisk.blogspot.com/

Libertad Siete


Los dados trucados José Yoldi 29/06/2009

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José Luis Sánchez-Bravo meses antes de su asesinato

Imagine que va al casino a jugar a los dados y que indefectiblemente pierde todas las veces que juega. Usted protesta y denuncia que no es posible, que estadísticamente alguna vez tendría que acertar. Nadie le hace caso, pero poco después se demuestra que, como usted sospechaba, los dados estaban trucados y se anulan todas las partidas. Sin embargo, cuando usted va a reclamar, la nueva dirección del casino le contesta que sí, que ya sabe que los dados estaban trucados, pero que lo siente, que los dados determinaron que usted perdió.

La sentencia franquista que condenó a Sánchez-Bravo es la base para denegar la indemnización a su viuda

Luis Sánchez-Bravo murió a las 9.30 del 27 de septiembre de 1975 en el campo de tiro del cuartel de Hoyo de Manzanares (Madrid). Tenía 21 años. Fue fusilado por un pelotón de diez policías y guardias civiles voluntarios. La noche anterior cenó leche y helado en la prisión de Carabanchel. Fue uno de los cinco últimos ejecutados del franquismo.

Pero a Sánchez-Bravo le hicieron jugar con dados trucados y nunca pudo ganar: fue detenido, torturado, acusado, condenado y ejecutado en el plazo de un mes, sin ninguna de las más elementales garantías de un juicio justo. Le acusaban de ser miembro del Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico (FRAP) y de haber participado en el asesinato del teniente de la Guardia Civil Antonio Pose Rodríguez, el 16 de agosto de 1975. Un mes después, el 17 de septiembre, fue juzgado en un consejo de guerra sumarísimo plagado de irregularidades procesales por el Juzgado Militar Permanente número 5 de la Primera Región Militar. Al día siguiente fue sentenciado a muerte.

A pesar de las peticiones internacionales de clemencia, incluida la del papa Pablo VI, Franco confirmó la pena de muerte. Doce países occidentales retiraron a sus embajadores y México pidió que España fuera excluida de la ONU.

Pero el consejo de guerra nunca fue un juicio, sino un circo. Parece que, inspirados por las técnicas del cardenal Richelieu, que decía "dadme dos líneas escritas a puño y letra por el hombre más honrado y encontraré en ellas motivo para hacerlo encarcelar", los militares franquistas decidieron prescindir de los derechos de los acusados. Sánchez-Bravo era civil, pero el tribunal que lo juzgó pertenecía a la jurisdicción militar y se constituyó como tribunal de excepción. Se le aplicó un procedimiento sumarísimo con efecto retroactivo, ya que tenía su base legal en un decreto ley de 26 de agosto de 1975 sobre prevención del terrorismo, cuando el atentado del que le acusaban se había producido 10 días antes, el 16 de agosto. Los abogados que asumieron su defensa fueron sucesiva y sistemáticamente expulsados del consejo de guerra y sus funciones fueron suplantadas por un militar sin conocimientos jurídicos que nunca se había entrevistado con Sánchez-Bravo ni se había leído la causa. Tampoco tuvo asistencia letrada en las dependencias policiales donde fue torturado por la policía franquista. Ninguna de las pruebas que se propusieron para su defensa fue admitida, y la sentencia que le condenó a muerte fue tan inapelable que nunca pudo ser recurrida, porque no cabía recurso alguno. Todas y cada una de estas prácticas antijurídicas viola derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales firmados por España.

Ahora, la viuda de Luis Sánchez-Bravo, Silvia, se ha acogido a la Ley de Memoria Histórica, en cuyo artículo 2 se reconoce "el carácter radicalmente injusto de todas las condenas (...) producidas por razones políticas, ideológicas (...) durante la dictadura", y que en su artículo 3 declara "la ilegitimidad de los tribunales (...) creados con vulneración de las más elementales garantías del derecho a un juicio justo".

Su caso parece claro, pero le han denegado la indemnización que reclama porque "las pruebas que obran en el expediente" señalan que su marido participó en el asesinato de un guardia civil. ¿Y cuáles son esas pruebas? Pues un informe de la Dirección de la Policía y la Guardia Civil de mayo de 2009 basado en los antecedentes policiales de la época y la sentencia del consejo de guerra de 18 de septiembre de 1975. Las mismas pruebas utilizadas en el consejo de guerra que se saltó todas las garantías legales y la misma sentencia que le condenó a muerte.

"Es humillante y esperpéntico", afirma indignada Silvia. Su letrado, Gerardo Viada, considera paradójico y hasta ofensivo que para denegar la indemnización se acuda a la sentencia dictada contra Sánchez-Bravo en el consejo de guerra que tuvo la inmensa desgracia de padecer. "No se puede dotar de legitimidad a una sentencia radicalmente viciada de origen, ni tener por fundamento las ilegítimas actuaciones del mismo régimen político cuyas indignidades y excesos se tratan de reparar con las indemnizaciones previstas en la citada ley a la que la viuda de Sánchez-Bravo se ha acogido", precisa Viada.

De nuevo, los dados trucados.

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