Víctimes del genocidi franquista. Ni oblit ni perdó: justícia

Sus asesinos tampoco han sido juzgados y cobran pensiones a cargo de los Presupuestos Generales del Estado

46 aniversario del asesinato de Francisco Granados y Joaquin Delgado

Se les asignó de oficio un defensor que no tenía el título de abogado. Fueron condenados a muerte en un Consejo de Guerra que apenas duró una hora. Los asesinaron el 17 de agosto de 1963, acusados de poner unas bombas que nunca tocaron, y ello a pesar de que los verdaderos autores lo hicieron público en París aquellos mismos días

dimarts 18 d'agost de 2009

El 18 de agosto de 1963 en la prensa española apareció la noticia de que había sido ejecutada, "con sujección a las formalidades de la ley penal común", la sentencia de pena de muerte dictada contra "los terroristas Francisco Granados Data y Joaquín Delgado Martínez".

Con esta nota el franquismo hacía público que dos anarquistas, pertenecientes a la Federación Ibérica Libertaria, habían sido estrangulados con el garrote vil en la cárcel de Carabanchel, por supuesto tras el "enterado" del genocida Franco. El médico que extendió los certificados de defunción, hizo constar, como causa de sus muertes, "asistolia y causa fundamental traumatismo bulbar".

Fueron detenidos en sus casas por policías de la Brigada Político Social (BPS) y trasladados a la Dirección General de Seguridad. Allí fueron salvajemente torturados para que admitieran ser los autores de la colocación de dos bombas en Madrid, una en la Dirección General de la Policía de la dictadura y otra en la sede del Sindicato vertical fascista.

La BPS, instruyó el atestado en 24 horas, tras las cuales los puso a disposición de la jurisdicción militar. En tan solo 24 horas se convocó el Consejo de Guerra que apenas duró una hora. El "Juzgado Militar Especial para Actividades Extremistas", les condenó a sabiendas de que eran inocentes, incluso los verdaderos autores, Antonio Martín y Sergio Hernández lo hicieron público en París explicando los hechos y atribuyéndose la autoría, pero no sirvió de nada, la sentencia trataba de contener y escarmentar al movimiento anarquista que estaba resurgiendo.

Fue otro juicio farsa en el que ni tan siquiera guardaron las formas: se les asignó un defensor sin título de abogado, no se contrastaron sus declaraciones, no se admitieron testigos, se negó la práctica de pruebas... Se les condenó a muerte con su sola declaración tras las salvajes torturas. El Tribunal fue presidido por José María Ruiz Jarabo, afecto al régimen, designado por el propio genocida Franco para garantizar las condenas.

Fue un crimen de estado. Se utilizó el aparato judicial para asesinar a dos inocentes, un crimen más del terror de la sangrienta dictadura. El juicio fue tan escandaloso que el mismísimo Tribunal Constitucional ha anulado aquella ignominiosa sentencia y reabierto la causa, tras largos años de luchas de Pilar Vaquerizo, compañera de Francisco Granados, que peregrinó de Tribunal en Tribunal y de organismo en organismo, casi siempre con todas las puertas cerradas.

Eso sí, los autores y colaboradores de los asesinatos, son hoy en día, en virtud de la Ley de Amnistía del 77 y de la Ley de la Memoria recientemente aprobada por nuestro democrático parlamento, personas respetables que cobran, los que aún viven, pensiones a cargo de los Presupuestos Generales del Estado.

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