Víctimes del genocidi franquista. Ni oblit ni perdó: justícia

Articulos de prensa publicados en relación a la Sentencia sobre las Fosas Comunes del Cementerio de Valencia.

dimecres 24 de gener de 2007

Martes, 19/12/2006, 08:59 h Lo último

ELPAIS.com > Lo último REPORTAJE La memoria gana el pulso Una juez impide destruir en Valencia una fosa con víctimas del franquismo MARIA ALTIMIRA - Valencia - 19/12/2006

"Desconocido: ejecutado. Desconocido: ejecutado. Desconocido: ejecutado". Así, sin nombres, arranca la lista de personas que fueron enterradas en uno de los agujeros del olvido que sembraron en el territorio español el odio y el terror durante la Guerra Civil y la posguerra.

Hay seis fosas, y sólo de una de ellas existe una lista con 7.168 nombres de sepultados "Desconocido: ejecutado. Desconocido: ejecutado. Desconocido: ejecutado". Así, sin nombres, arranca la lista de personas que fueron enterradas en uno de los agujeros del olvido que sembraron en el territorio español el odio y el terror durante la Guerra Civil y la posguerra. La palabra "ejecutado", sin embargo, desaparece pronto, antes de que acabe el año 1939, para dejar paso a fórmulas más oscuras pero también identificables como "asfixia por colgamiento" o eufemismos del tipo "colapso cardiaco" o "hemorragia cerebral". En este caso, las víctimas de la represión franquista, junto con otros que padecieron las miserables condiciones de aquellos tiempos, fueron sepultadas en una fosa común en la sección séptima derecha del cementerio general de Valencia, entre 1939 y 1940. Aunque todavía no se sabe si sus restos permanecen en el mismo lugar, el registro del recinto fúnebre atestigua la desaparición de hombres, mujeres, jóvenes y ancianos. La asociación Fòrum per a la Memòria del País Valencià se encargó de recuperar la historia de la represión e inició a principios de 2006 una investigación para conocer el número y la identidad de las víctimas del bando republicano enterradas en el cementerio entre 1939 y 1945. Su lista, de 7.168 personas, sólo se refería a una de las seis fosas que la agrupación localizó en el camposanto y que han sido motivo de un duro pulso político y judicial, tras la presentación de una querella.

A finales de abril, poco después de empezar el estudio, los miembros de la entidad presenciaron con asombro cómo las máquinas de una contrata municipal removían la tierra de la sección séptima derecha. El Ayuntamiento de Valencia, gobernado por Rita Barberá, del PP, pretendía construir encima de esta parcela 1.030 nuevos nichos. De poco sirvió que la asociación le enviará una carta o que los partidos de la oposición, socialistas y Esquerra Unida, exigieran la paralización de las obras. Al final, sólo los tribunales han sido capaces de parar los pies a un equipo de gobierno que negó la existencia de restos humanos en la fosa hasta que unos huesos -no se sabe si posteriores a la época- fueron hallados cuando se removió la tierra para las obras. La titular del juzgado de lo contencioso-administrativo número 2 de Valencia falló ayer a favor del Fòrum, que el pasado 9 de mayo presentó un recurso contra el plan municipal y consiguió la paralización cautelar de las obras. Ahora, ha conseguido, no sólo que se confirme la imposibilidad de reanudar la construcción de nichos, sino que el juzgado les permita continuar con el estudio, iniciar posteriores actuaciones arqueológicas y forenses y colocar después "un elemento conmemorativo que se estime adecuado" como homenaje a las víctimas. "Los que entonces perdieron hoy han ganado", aseguró Amparo Salvador, la presidenta del Fòrum tras conocer la sentencia de la juez Estrella Blanes, que establece que el Ayuntamiento de Valencia adoptó un acuerdo contrario a derecho y vulneró el derecho al honor de los ajusticiados hace casi setenta años. Salvador dijo que el fallo sienta un precedente y calificó de "prepotente" la actitud de Barberá y su administración. El primer teniente de alcalde, Alfonso Grau, del PP, aseguró que acatará la sentencia pero que el consistorio recurrirá.

Tanto el concejal de Esquerra Unida Antonio Montalbán como el socialista Matías Alonso se felicitaron de que la justicia haya paralizado lo que el primero calificó como un intento frustrado de "memoricidio".

LAS PROVINCIAS Martes 19 de Diciembre de 2006

EDICIÓN IMPRESA VALENCIA | CIUDAD Una jueza obliga al Ayuntamiento a facilitar excavaciones en las fosas de los republicanos El fallo impide construir nichos en el Cementerio, medida que ya había tomado el equipo de gobierno Ocho meses de lucha han dado pie a que una jueza obligue al Ayuntamiento a facilitar excavaciones arqueológicas en las fosas donde fueron enterrados republicanos represaliados por el franquismo. El fallo obliga también a paralizar la construcción de nichos sobre las fosas, medida que ya había tomado el Ayuntamiento. C. FERNÁNDEZ/ VALENCIA

Fosa séptima del Cementerio General.

aul Preston, en u“Estamos satisfechos y muy contentos con el fallo del juez. Es la primera vez que ocurre en España. Nos dan la razón en todo lo que hemos pedido y eso demuestra que por fin la memoria de nuestros antepasados se reconoce”, explicó ayer la portavoz del Fòrum per la Memoria, Amparo Salvador.

A media mañana de ayer se desvelaba el fallo más esperado. El juzgado de lo Contencioso Administrativo obliga al Ayuntamiento “a renunciar a edificar nichos y movimientos de tierra en los cuadrantes tercero y cuarto de la sección séptima del Cementerio”.

La sentencia llega aún más lejos porque insta al Ayuntamiento a facilitar “actuaciones arqueológicas para determinar otros lugares donde están enterrados más republicanos”. “Abre la vía para que podamos investigar y de una vez por todas restituyamos el honor de las víctimas”, afirmó Amparo Salvador, emocionada minutos después de conocer el contenido de la sentencia.

La entidad Fòrum per la Memòria denunció en abril que el Ayuntamiento quería construir nichos sobre las fosas donde tenían constancia de que se encontraban enterrados sus familiares. La mayoría, represaliados por el franquismo por ser republicanos.

Desde aquel momento esta entidad, apoyada por los grupos políticos del PSPV y EU, se enfrentó al equipo de gobierno para obligarle a que paralizara las obras.

“Es una sentencia contundente y demoledora. Esto demuestra que teníamos razón desde un principio”, explicó ayer el portavoz de Esquerra Unida, Antonio Montalbán.

El concejal socialista Matías Alonso también se mostró ayer entusiasta con la sentencia, aunque al mismo tiempo fue cauto porque temía que el Ayuntamiento realizara una actuación de inmediato en los cuadrantes 1 y 2 de la sección séptima, puesto que el fallo no habla de paralizar ninguna de estas zonas. “Deberíamos ir más allá, porque esta sentencia se tiene que extender a toda el Cementerio”, puntualizó Matías Alonso.

Sentencia confusa El primer teniente de alcalde, Alfonso Grau, por su parte, puntualizó que acataba el fallo, “aunque en esta ocasión discrepe y en consecuencia la vamos a recurrir. A nuestro juicio quedan pocas cosas claras que harían que incluso la aplicación de la sentencia fuera confusa y con pocas garantías.”

Grau puntualizó que se está debatiendo la Ley de la Memoria Histórica en el Congreso “y todavía no puede ser considerada como Ley, tal y como a nuestro juicio se hace en la sentencia”, insistió.

Alonso criticó estos argumentos por ser casi “de la ultra derecha”.

Tras el fallo de la sentencia, el Fòrum pretende que especialistas repongan los desperfectos ocasionados durante la construcción de nichos y que se siga el protocolo internacional y continúen las investigaciones. Grau aseguró que no se va a oponer a las investigaciones, “pero deben de gozar de suficientes garantías de procedimiento y ejecución, y no convertirse en un totum revolutum, en donde cada cual vaya a investigar una cosa distinta”.

LEVANTE El Mercantil Valenciano Martes 19 de Diciembre de 2006 Comunitat Valenciana

MEMORIA HISTÓRICA

Una juez condena al Ayuntamiento de Valencia a dejar que se excaven las fosas del franquismo

Obliga al consistorio a que permita levantar un monumento a los represaliados de la dictadura.

Rafel Montaner, Valencia

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número Dos de Valencia ha condenado al Ayuntamiento de Valencia a preservar dos de los cuatro cuadrantes de la fosa común de la Sección Séptima del Cementerio General, «donde fueron enterrados republicanos represaliados por el franquismo, con el fin de que se lleven a cabo las tareas de investigación y restitución de la memoria de las víctimas», según se lee en el fallo.

La sentencia, que estima parcialmente un recurso presentado por el Fòrum per la Memòria del País Valencià contra la construcción de un millar de nichos sobre dicha tumba colectiva, condena al consistorio que preside Rita Barberá a «renunciar a la edificación de nichos, edificaciones y movimientos de tierra» en ambos cuadrantes, tal y como reclamaba el Fòrum. El auto anula y deja sin efecto, por vulneración de los derechos fundamentales al honor y a la investigación, el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Valencia del pasado 28 de abril en el que la mayoría absoluta del PP denegó la paralización de las obras de la nueva trama de nichos en la fosa común solicitada conjuntamente por PSPV y EU.

Un fallo pionero en España

Además, condena al ayuntamiento a permitir «una investigación completa rigurosa y sometida a las exigencias legales, incluyendo actuaciones arqueológicas o forenses para poner a disposición de la sociedad y las familias los resultados a efectos de posibles ulteriores reclamaciones en relación a los derechos de las victimas». Este punto que autoriza la excavación arqueológica supone, según la presidenta del Fòrum, Amparo Salvador, que un tribunal «autoriza por primera vez en España la investigación de las fosas comunes con represaliados del franquismo». La juez concluye que, tras las pruebas practicadas durante la vista, aún existen restos humanos en ambos cuadrantes de personas que «fueron ejecutadas o fallecieron por causas traumáticas como consecuencia de la represión franquista». La magistrada relata que no puede afirmarse con seguridad, «por no constar documentalmente, que no existan restos» de las 5.039 personas enterradas en ambos cuadrantes entre el 1 de abril de 1939 y el 27 de febrero de 1940. Pese a que el equipo de Gobierno del PP y la propia Barberá han negado públicamente la existencia en la fosa de restos de personas enterradas en la posguerra, el jefe de Servicios del consistorio, José Luís Cámara, declaró en la vista que «no hay constancia documental» de que dichas personas «ya no estén allí enterradas» y que la fosa «nunca se ha vaciado toda». La juez también obliga al ayuntamiento a que permita «homenajear a las victimas de la represión franquista enterradas en la fosa con la colocación, una vez finalizadas las tareas de investigación, de un elemento conmemorativo» como una placa, escultura o monolito. Así pues dicho monumento debe recordar a los represaliados de la dictadura y no a todos los muertos de la Guerra Civil como aprobó en pleno la mayoría del PP.

LAS PROVINCIAS Jueves, 21 de Diciembre de 2006 fórum per la memòria Una comisión internacional visitará Valencia

El caso de las fosas comunes del cementerio de Valencia llegará a diferentes puntos del mundo. Amparo Salvador, la presidenta del Fórum per la Memòria, explicó ayer que han creado la Comisión de la Verdad en colaboración con Acció Cultural, que busca que la represión franquista tenga carácter de genocidio.

Salvador señaló que esta comisión, que englobará a parlamentarios europeos e historiados de ámbito internacional, visitará Valencia para estudiar las fosas comunes del cementerio General.

Desde el Fórum también quieren impulsar actos en recuerdo de los represaliados enterrados en las fosas, como conciertos para recordar su memoria.

LAS PROVINCIAS Jueves, 21 de Diciembre de 2006 EDICIÓN IMPRESA Valencia Se busca ADN de hace 68 años Las excavaciones que se realizarán en la fosa republicana serán las primeras en España. La única se hace en Argentina Las excavaciones que se realizarán en la fosa republicana serán las primeras en España. La única se hace en Argentina C. FERNÁNDEZ/ VALENCIA

Parte de la fosa común con aparentes restos óseos en el cementerio General.

La sentencia que permite iniciar excavaciones en el Cementerio General abre la vía para comenzar investigaciones arqueológicas con el fin de restituir el honor a las víctimas represaliadas por el franquismo.

Esta actuación, sin embargo, sería la primera que se realizaría en España porque hasta ahora se han hecho excavaciones pero nunca en una extensión como la que tiene la fosa común de la sección séptima del Cementerio General. “Sin duda si se hace será un trabajo largo y complicado porque es una zona muy amplia y se calcula que hay enterrados miles de cadáveres”, explicó ayer Manolo Polo, antropólogo forense de la Universitat de València.

Actualmente este experto en recuperar e identificar cadáveres de la época franquista está trabajando en Cuenca y en Aragón. “Hace poco exhumamos un cuerpo y lo hicimos en apenas 10 días. Pero para iniciar los trabajos estuvimos previamente dos años redactando el proyecto”, explicó Polo.

El Fórum per la Memòria ya ha tomado contacto con expertos para conocer las posibilidades que hay. También lo han hecho otras entidades interesadas por recuperar la memoria histórica de sus familiares. “El principal problema es que se necesita un gran presupuesto, porque posibilidades de encontrar restos e identificarlos es muy probable puesto que ha pasado poco tiempo”, explicó el antropólogo forense.

Años de trabajo Si esta actuación arqueológica se iniciara sería la primera vez que en España se realiza una actuación de esta envergadura. “La única de similares dimensiones es la que se lleva a cabo desde hace años en Argentina”, comentaron desde la Universitat de València.

En Argentina se está realizando una investigación para identificar a miles de cadáveres enterrados a una fosa común. “En Valencia necesitaríamos muchos años de trabajo porque primero se debe completar una documentación inicial, realizar las exhumaciones y analizar los cadáveres comprobando si tiene orificios de bala, o contusiones que certifique la muerte”, señaló Polo.

Las pruebas de una muerte violenta y la identificación genética con el nombre de las personas denunciadas por sus familiares será determinante para que se corrobore la versión de los denunciantes.

Actualmente el Fòrum per la Memòria ya tiene identificados a 7.000 personas, pero todavía le falta trabajo hasta llegar a los 26.300 que tienen contabilizados.

El equipo de antropólogos forenses de la Universitat de València está dispuesto a iniciar las investigaciones si hay financiación.

El proceso de investigación es muy complejo y exhaustivo, pero posible, por lo que los familiares están dispuestos a iniciar estas actuaciones tras la autorización que ha concedido la jueza en su sentencia. “Permitir a la actora y a todas las instituciones públicas y privadas que quieran contribuir a una investigación completa rigurosa sometida a las exigencias legales, incluyendo actuaciones arqueológicas para poner a disposición de la sociedad los resultados a efectos de las reclamaciones en relación a los derechos de las víctimas”, reza la sentencia.

El Ayuntamiento, sin embargo, asegura que recurrirá el fallo porque no está de acuerdo porque la sentencia tiene juicios de valor políticos impropios de una sentencia.

cfernandez@lasprovincias.es

Jueves, 21 de diciembre de 2006 FUNDADO EN 1872 LEVANTE-EMV

Comunitat Valenciana

CONTROVERSIA

El historiador Vicent Gabarda asegura que carece de sentido investigar la fosa común

Dice que la sepultura que quiere excavar el Fòrum «no es una tumba de represaliados»

Rafel Montaner, Valencia

El doctor en Historia Vicent Gabarda, uno de los más acreditados estudiosos de la represión franquista en la Comunitat, denuncia en una carta de opinión remitida a Levante-EMV, con el título «Parafraseando a Burnett Bollotten, "el gran engaño"», la falta de credibilidad de la investigación del Fòrum per la Memòria sobre las fosas comunes del Cementerio General de Valencia. Las críticas del investigador a la actuación de este colectivo para la recuperación de la memoria histórica llegan tres días después de que una juez haya condenado al ayuntamiento del Cap i casal a conservar una de esas tumbas colectivas.

La sentencia, dictada tras una demanda del Fòrum, prohíbe al consistorio edificar nichos en ese lugar hasta que esta asociación concluya la investigación documental, arqueológica y forense de los cuerpos enterrados en ella y se homenajeé a las víctimas de la represión franquista que allí yacen.«El trabajo de los historiadores es investigar, mientras que el del Fòrum no sé cuál es», afirma Gabarda en declaraciones a este periódico para a continuación señalar que «no tiene sentido investigar ni excavar una fosa -en alusión a la tumba protegida - dónde los familiares de los represaliados que fueron enterrados en ella ya saben que están ahí». Dicho enterramiento, argumenta, «ni mucho menos es de víctimas de la represión, ya que en la posguerra la mayoría de la población no tenía dinero para pagar una tumba individual e iban a parar allí». Además, según Gabarda, no es una fosa clandestina: «Los familiares que no se han enterado de que sus allegados están en dicha tumba es porque no han querido ya que su inhumación consta en dos sitios oficiales, el Registro Civil y el libro de enterramientos del cementerio, que es una copia del primero». El investigador explica que con sus palabras no quiere decir que no haya que conservar la fosa, ya que también considera «un sinsentido que el consistorio quiera construir encima de ella». Gabarda publicó hace 15 años una tesis doctoral que, bajo el título Els afussellaments al País Valencia (1939-1956), es todo un hito en la historiografía de la represión durante la posguerra. Tras estudiar los registros civiles y judiciales de todos los municipios de las tres provincias y los archivos de la Causa General, cifró en 6.087 muertos las víctimas directas e indirectas de la dictadura. En este balance se incluyen no solo los fusilados (4.714), sino los fallecidos en prisión (1.165) y los muertos en centros de detención. El Fòrum, continua, «sin contrastar los libros de enterramientos con los del Registro Civil, habla solo en Valencia de decenas de miles de muertos y ha llegado a colgar un listado en internet con 7.000 nombres, donde aparecen abortos y personas que igual fallecen de viejas, de enfermedad o de accidente y donde apenas hay decenas de represaliado que por otra parte ya estaban contabilizados en mi tesis»

Buscar en las cunetas

Recalca que todas aquellas muertes que puedan ser atribuidas a la dictadura «están identificadas y catalogadas, y desde el punto de vista de una investigación seria y rigurosa no se pueden hacer más listas a no ser que aparezcan familiares de desaparecidos que den los nombres de sus allegados». El Fòrum, añade, «en 12 meses que lleva hablando de miles de muertos aún no ha dado el nombre de ningún familiar que busca a los suyos cuando sus especulaciones suponen que se habrían fusilado barrios enteros de Valencia». Gabarda concluye que el Fòrum «desdibuja la labor de la auténtica recuperación de la memoria histórica, que es la de buscar fosas en las cunetas». Así, insiste en que memoria histórica «es descubrir fosas escondidas, como la de las Peñas de Dios, entre Alpuente y Titaguas, donde iban a parar los fallecidos en un hospital de sangre para heridos en el frente de Teruel. No se sabe cuantos y quienes son los que están allí enterrados, y como ese hay cientos de lugares».

Viernes, 22 de diciembre de 2006 FUNDADO EN 1872 LEVANTE-EMV

Comunitat Valenciana

CEMENTERIO GENERAL

Expertos internacionales liderados por Paul Preston investigarán la fosa común de Valencia

Integrarán la primera «Comisión de la Verdad» que se crea para los crimenes del franquismo

Rafel Montaner, Valencia.

Una Comisión de la Verdad presidida por el historiador británico Paul Preston investigará las fosas comunes de la dictadura en el Cementerio General de Valencia. Así lo anunció ayer el máximo responsable de Acció Cultural del País Valencià (ACPV), Eliseu Climent, quien explicó que esta comisión también estudiará los crimenes del franquismo en el conjunto de España. El doctor en historia por la Universidad de Oxford, uno de los mayores expertos internacionales en la historia contemporánea española, dirigirá la investigación historiográfica de dicha comisión.

Climent indicó que los otros dos responsables de este panel de expertos serán el forense Luis Fundebrider, fundador del Equipo Argentino de Antropología Forense que ha investigado las fosas comunes de represaliados de la dictadura de este país americano, y el magistrado de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada, actual miembro del Tribunal Internacional para los crimenes en Bosnia Herzegovina. El investigador argentino dirigirá la sección de arqueología y antropología forense y De Prada el área jurídica.

«Internacionalizar la cuestión»

Esta Comisión de la Verdad, «la primera que se constituye en España» según Climent, se reunirá en Valencia «los próximos 9 y 10 de febrero, cuando sus responsables visitarán las fosas comunes del cementerio de Valencia e iniciarán las sesiones de trabajo». Climent, como principal impulsor de esta iniciativa, recalca que su objetivo es «internacionalizar la cuestión de las fosas, porque de la represión que hubo en Valencia nadie tiene ni la menor idea de lo que fue». «Si lo que se ha descubierto aquí hubiera pasado en París, Madrid o Barcelona se habría montado un gran escándalo», apuntó. El presidente de ACPV añadió que en esta comisión también participan la asociación Cultura de Paz que encabeza el ex presidente de la Unesco, el español Federico Mayor Zaragoza, el Tribunal Permanente de los Pueblos -con sede en Milán y dirigido por Pietro Basso-, el Centro de Estudios Internacionales de la Masonería, ubicado en Zaragoza, y la red mundial de museos por la Paz, que actualmente está presidida por el de Gernika. Preguntado por la escasa presencia de valencianos entre el comité de expertos, Climent respondió que se ha buscado «una composición muy internacional» con el fin de abordar la investigación «con objetividad, desde fuera de la ciudad y del conflicto». No obstante, aseguró que «gente de la Universitat de València como Marc Baldó, Lluís Barona o Fontana, también están en la comisión».

Intolerancia municipal

El anunció de Climent tuvo lugar en la sede de ACPV, entidad que respalda al Fòrum per la Memòria en su lucha por conservar e investigar las fosas del Cementerio. Climent compareció acompañado por la presidenta del Fòrum, Amparo Salvador, y por Mercé Teodoro, la letrada que comparten ambas entidades. Teodoro firma la demanda por vulneración de derechos fundamentales que ha llevado a una juez a condenar al Ayuntamiento de Valencia a conservar una fosa común, sobre la que empezó a construir un millar de nichos, hasta que no se investigue y homenajeé a los represaliados de la dictadura enterrados en ella. La abogada lamentó el anuncio hecho por la alcaldesa, Rita Barberá, de que el consistorio recurrirá el fallo ante el Tribunal Superior de Justicia. «Un recurso significará que el ayuntamiento se reafirma en una posición intolerante e irrespetuosa con los derechos de las víctimas de la dictadura».«No es bueno mantener la división social, pienso que después de 70 años que pasaron estos hechos deberían abordarlos con normalidad», concluyó.

Viernes, 22 de diciembre de 2006 FUNDADO EN 1872 LEVANTE-EMV

Comunitat Valenciana

El Fòrum ignora las críticas de falta de rigor histórico

R. Montaner, Valencia

La presidenta del Fòrum, Amparo Salvador, y el máximo responsable de Acció, Eliseu Climent, ignoraron ayer las críticas de falta de rigor histórico en sus investigaciones vertidas por uno de los mayores estudiosos de los crimenes de la posguerra, el historiador Vicent Gabarda. El autor del único estudio publicado que cuantifica la represión franquista en todos los municipios de la Comunitat acusa al Fòrum de exagerar las cifras de represaliados en Valencia.

Salvador, tras afirmar que Gabarda es un referente para ella, dijo que los datos del Fòrum «son objetivos» y que la investigación debe continuar «porque hemos encontrado víctimas del franquismo que no están en sus listados».

El caso de Enrique Palau

Aunque no dio ningún número sobre los casos que han descubierto, puso como ejemplo el de Enrique Palau, el director de la SER en Valencia durante la Guerra Civil. «Lo sacaron de la cárcel moribundo y a las dos horas moría en su casa de "asistolia" (paro cardíaco), según el Libro de Enterramientos». Salvador asegura que Gabarda no ha contabilizado a Palau como víctima de la dictadura. Climent mostró su apoyo al Fòrum al afirmar que «no se puede limitar la investigación a un listado de 2.000 muertos en Paterna», en referencia a la obra de Gabarda, de la que dijo que «sólo habla de fusilamientos». Sin embargo, la tesis publicada por dicho historiador hace 15 años ofrece un balance total de 6.087 víctimas directas e indirectas de la represión entre 1939 y 1956, cifra en la que están incluidos los fusilados (4.714), los fallecidos en prisión (1.165) y los muertos en centros de detención.

Sábado, 23 de diciembre de 2006 FUNDADO EN 1872 LEVANTE-EMV

Comunitat Valenciana

El profesor Marc Baldó advierte que el Fòrum investiga las fosas «sin rigor histórico»

Es el segundo historiador de prestigio que resta credibilidad al grupo de Memoria Histórica

Rafel Montaner, Valencia.

Otro historiador de prestigio, el profesor Marc Baldó, miembro del Departament d’Història Contemporània de la Universitat de València, ha secundado las críticas del historiador Vicent Gabarda sobre la investigación que realiza el Fòrum per la Memòria sobre las fosas comunes del Cementerio General de Valencia. «Me parece que el Fòrum está investigando sin rigor y le falta un poco de criterio», señaló Baldó ayer. Además, dijo que decidirá en enero si participa o no en la Comisión de la Verdad creada por Eliseu Climent para investigar las fosas de Valencia. El presidente de Acció Cultural ha anunciado que la sección de historia de este comité, el primero que se crea en España para investigar los crimenes del franquismo, estará encabezada por el historiador británico Paul Preston. Climent aseguró el jueves que Baldó formará parte de dicho panel de expertos. Aún no sabe si estará en la Comisión «Decidiré en enero si me incorporo o no a la Comisión, pues no estoy contento con la investigación que está haciendo el Fòrum per la Memòria, y no me gusta el aire que están tomando las cosas ya que pienso que la represión durante la dictadura hay que estudiarla, contarla y explicarla de una manera lo más académica y tranquila posible», detalló. Baldó critica que el Fòrum «ha publicado por su cuenta sus resultados», en referencia al listado que ha colgado en internet (http://www.forumperlamemoria.org) con 7.000 nombres de personas enterradas en las fosas comunes del cementerio que a su juicio son susceptibles de ser consideradas víctimas directas o indirectas de la represión de la dictadura. «Que yo sepa el Fòrum no ha hablado con nadie del Departament d’Història Contemporània, ni tampoco con Vicent Gabarda, que es el número uno en el País Valenciano en cuanto a investigación de la represión franquista y el que más la ha estudiado», aclaró. El profesor titular de la Universitat afirma que la investigación del Fòrum para cuantificar el número de muertos por la dictadura en Valencia no se puede hacer a espaldas de Gabarda, quien ha sido el primero en desestimar por exageradas las revelaciones de este colectivo por la Memoria Histórica. «Lo que pretende hacer el Fòrum, en ningún caso se podrá hacer sin Gabarda», insistió. Baldó, quien dirigió la tesis de Gabarda, publicada en 1993 bajo el título Els afussellaments al País Valencià (1939-1956), relata que la cifra total de 6.087 muertes en la Comunitat como víctimas directas (fusilamientos, muertos por causas violentas en situación de detención) e indirectas (fallecidos por enfermedad en las cárceles), tiene plena vigencia pese a que ya han pasado 15 años. «El balance de Gabarda se puede completar, porque tras publicar el libro hubo familiares que aportaron más datos, pero estamos hablando de retoques puntuales, de detalles, no de un cambio sustancial de los números», añade. Respecto a la sentencia que ha condenado al ayuntamiento a conservar y permitir que se excave la fosa de la Sección Séptima sobre la que empezó a construir mil nichos, Baldó dice que es partidario de que «no se construya encima de la sepultura, pero la decisión de exhumar los cuerpos es un derecho que pertenece a los familiares de los fallecidos». «Mi criterio es que a los muertos hay que dejarlos tranquilos. Otra cosa sería que la fosa estuviera en una cuneta, pero en este caso hay que recordar que está en un cementerio», concluye.

Sábado, 23 de diciembre de 2006 FUNDADO EN 1872 LEVANTE-EMV

Opinión

Investigar lo investigado

JESÚS CIVERA

El historiador Vicent Gabarda ha venido a decir que en la reivindicación del Fòrum per la Memòria acerca de la fosa común del cementerio de Valencia hay más espectáculo político que búsqueda de la verdad. Gabarda posee un estudio pionero sobre la represión franquista fundamental, y monumental, digno de un monje medieval o, casi mejor, de María Moliner. En su tesis doctoral, que derivó en el libro Els afussellaments al País Valencià (1939-1956), publicado por la extinta Institució Valenciana d’Estudis e Investigació, dirigida por Josep Picó y Marius García Bonafé, contabilizó a los fusilados, muertos en prisión y fallecidos en centros de detención, caso por caso, pueblo por pueblo, documento por documento. Una tarea colosal que concluyó en una cifra: 6.087 víctimas. El balance puede ser revisado, naturalmente, porque así actúa la ciencia, pero eso no obsta para que trabajo y autor mantengan una autoridad sostenida, la que se desprende de una investigación sustentada bajo la armadura académica. Desde esa atalaya, ha acusado al Fòrum per la Memòria de mezclar huesos y muertos sin el eslabón documental suficiente, expandiendo por tanto una legítima reivindicación para dignificar la memoria de las víctimas del franquismo pero desde un sospechoso rigor histórico. Y no hay que confudir los términos o nos armaremos un lío. Un lío muy engañoso. Ahora, el Fórum ha comenzado a llenar ese hueco científico -después de haber difundido cifras y datos de forma muy alegre- con una comisión de la verdad presidida por Paul Preston, donde se encuentran Ricardo de Prada, Luis Fundebrider, Lluís Barona o Josep Fontana, además de diversos colectivos de mucho relumbrón internacional, para investigar las fosas comunes de Valencia. Todo esto está muy bien, pero, por lo pronto, deberán iniciarse en el asunto leyendo el estudio de Gabarda, digo yo.

LEVANTE EMV

No soterrem la memòria

LLUÍS MIQUEL CAMPS

Durant les darreres setmanes hem assistit a un debat sobre el rigor dels treballs i propostes que el Fòrum per la Memòria planteja al voltant dels fossars comuns existents al cementeri de València. Més de vint mil persones, segons el Fòrum, varen ser soterrades allà entre 1939 i 1945. La controvèrsia es troba en saber si els qui hi descansen ho fan per mort més o menys natural o si tots ells es poden considerar represaliats pel franquisme. En qualsevol dels casos, com diu el professor Vicent Gabarda, els fossars del cementeri civil eren «una fosa donde iban a parar todos aquellos que no tenían medios para adquirir un nicho horizontal», el què em condueix a una primera constatació: el nou règim va ser el responsable directe de l’execució de milers de persones, cert, però també va ser el responsable últim d’una situació generalitzada de misèria com a conseqüència d’una guerra provocada pel colp d’estat de Franco.

El meus pares nasqueren als quaranta i els seus germans i germanes anys amunt o avall. Tota la vida els he sentit contar la duresa de la seua infància. Mon pare diu que li agrada la fruita verda perquè es va acostumar de xicotet a menjar-la així o no en menjava. Això sí, furtant-la de l’horta perquè son pare era fuster i no tenia terra. Ma mare, que sí que en tenia, d’horta, diu que son pare canviava collita per roba o sabates a València. Jo vaig nàixer quan feia vint-i-set anys del final de la guerra però, com dic, l’he sentida contar als meus majors que la varen viure i patir. Un tio meu, que ja descansa en pau, m’explicava que anant a peu de Quart a Paterna, sent un xiquet, es veien passar carros tirats per cavalls que deixaven un rastre de sang. Eren afusellats del camp de tir de Paterna que eren passejats per inspirar por entre la població. N’hi havia que eren portats en camions, però el record popular parla de carros, que feien cap al cementeri de València, per on ara hi ha un centre comercial i on s’edita este diari, per tirar-los a uns forats amb calç viva. També parlen els vells d’ara, que eren xiquets morbosos, del sorolls dels trets en grup i com després se sentien trets solts per «rematar els qui quedaven malferits». És una llegenda dels pobles de l’Horta? No ho sé. El professor Gabarda diu que el 38% dels afusellats a Paterna, dels més de 2.200 que va identificar, eren naturals de l’Horta.

Crec que la controvèrsia sobre les xifres o sobre la metodologia amb què treballa el Fòrum pot resultar molt enriquidora, però pense que, en cap cas, no podem permetre’ns que la divergència siga interpretada com una feblesa en la condemna del règim franquista. En aquest cas tots estem en el mateix bàndol: els d’aquells que volem que, amb el rigor necessari, isquen a la llum i es donen a conèixer a la ciutadania les pàgines més negres de la nostra història, amagades deliberadament durant dècades. Considere, per això, que és imprescindible la coordinació dels treballs i els esforços, i per això cal aplaudir iniciatives com la què ha anunciat recentment ACPV, que confie que sabrà combinar els criteris acadèmics amb el magnífic treball de camp que està duent a terme la gent del Fòrum.

D’aquesta forma aconseguirem avançar cap a uns objectius que són compartits per totes les forces polítiques i entitats civils que ens situem en l’esquerra i el nacionalisme, uns objectius que, malauradament, no comparteix la dreta que ens governa, prova evident de què allò del centro reformista no era més que una màscara per ocultar la seua veritable essència. I entre eixos objectius està quantificar exactament quantes persones van morir, en quines circumstàncies i on resten les seues despulles, però també explicar als nostres joves que hi hagué uns senyors militars que van provocar una guerra i acabar amb el govern democràticament triat, i que ells van ser els únics responsables dels morts directes, però també van ser els culpables d’una situació generalitzada de penúria econòmica, de por, de censura, de repressió física i psíquica i d’un retrocés cap a un règim polític totalitari que va durar quaranta anys i que va provocar xifres de morts que potser mai serem capaços de comptar completament.

*Secretari d’acció electoral del Bloc.

diario ibérico · edición 1417 · domingo, 21 de enero de 2007 · 18:56 Prohibido hacer nichos donde hay víctimas del franquismo

Cementerio General de Valencia.

Un juzgado ha prohibido al Ayuntamiento de Valencia construir nichos o realizar cualquier movimiento de tierras en la fosa común del Cementerio General donde "fueron enterrados republicanos represaliados por el franquismo". El objetivo, tal y como recoge el auto judicial, es que se desarrollen "tareas de investigación y restitución de la memoria de las víctimas". La sentencia, que ha llegado gracias a los esfuerzos de del Fórum per la Memoria del País Valencià, responsables de la denuncia, declara la nulidad, por vulneración de los derechos fundamentales al honor y a la investigación, del acuerdo del pleno del Ayuntamiento que denegó la paralización de la construcción de nichos en la fosa común.

Así, según la decisión del juez, el Ayuntamiento debe permitir "actuaciones arqueológicas o forenses para poner a disposición de la sociedad y las familias los resultados a efectos de posibles ulteriores reclamaciones en relación a los derechos de las víctimas y la restitución histórica y el honor de las víctimas".

MARIA ALTIMIRA - Valencia EL PAÍS - 22-12-2006

La presidenta del Fòrum per a la Memòria del País Valencià, Amparo Salvador, la abogada de la agrupación, Mercè Teodoro y el presidente de Acció Cultural del País Valencià, Eliseu Climent, anunciaron ayer la creación de una comisión de la verdad y valoraron la sentencia que preserva la integridad de la fosa republicana del Cementerio General de Valencia.

El estudio de la comisión, que deberá recoger pruebas e identificar a los responsables, será de ámbito estatal y se centrará en el periodo que va desde el 1 de abril de 1939 al 31 de diciembre de 1945. Climent indicó que habrá una línea historiográfica, a cargo del historiador Paul Preston; otra jurídica, encabezada por José Ricardo de Prada, magistrado de la Audiencia Nacional, y una antropológica dirigida por el argentino Luis Fondebrider.

Por otra parte, Teodoro subrayó que el fallo que anula el acuerdo municipal para la construcción de nichos sobre la fosa republicana es el primero que actúa contra la decisión de una administración y que incluye todas las súplicas recogidas en la demanda del propio Fòrum. La letrada también indicó que la sentencia legitima a la sociedad civil para defender el derecho de las víctimas y calificó la actitud del Ayuntamiento de Valencia de "intolerante".

LEVANTE EL Mercantil Valenciano Rafel Montaner, Valencia.

Una Comisión de la Verdad presidida por el historiador británico Paul Preston investigará las fosas comunes de la dictadura en el Cementerio General de Valencia. Así lo anunció ayer el máximo responsable de Acció Cultural del País Valencià (ACPV), Eliseu Climent, quien explicó que esta comisión también estudiará los crimenes del franquismo en el conjunto de España. El doctor en historia por la Universidad de Oxford, uno de los mayores expertos internacionales en la historia contemporánea española, dirigirá la investigación historiográfica de dicha comisión.

Climent indicó que los otros dos responsables de este panel de expertos serán el forense Luis Fundebrider, fundador del Equipo Argentino de Antropología Forense que ha investigado las fosas comunes de represaliados de la dictadura de este país americano, y el magistrado de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada, actual miembro del Tribunal Internacional para los crimenes en Bosnia Herzegovina. El investigador argentino dirigirá la sección de arqueología y antropología forense y De Prada el área jurídica.

«Internacionalizar la cuestión»

Esta Comisión de la Verdad, «la primera que se constituye en España» según Climent, se reunirá en Valencia «los próximos 9 y 10 de febrero, cuando sus responsables visitarán las fosas comunes del cementerio de Valencia e iniciarán las sesiones de trabajo». Climent, como principal impulsor de esta iniciativa, recalca que su objetivo es «internacionalizar la cuestión de las fosas, porque de la represión que hubo en Valencia nadie tiene ni la menor idea de lo que fue». «Si lo que se ha descubierto aquí hubiera pasado en París, Madrid o Barcelona se habría montado un gran escándalo», apuntó. El presidente de ACPV añadió que en esta comisión también participan la asociación Cultura de Paz que encabeza el ex presidente de la Unesco, el español Federico Mayor Zaragoza, el Tribunal Permanente de los Pueblos -con sede en Milán y dirigido por Pietro Basso-, el Centro de Estudios Internacionales de la Masonería, ubicado en Zaragoza, y la red mundial de museos por la Paz, que actualmente está presidida por el de Gernika. Preguntado por la escasa presencia de valencianos entre el comité de expertos, Climent respondió que se ha buscado «una composición muy internacional» con el fin de abordar la investigación «con objetividad, desde fuera de la ciudad y del conflicto». No obstante, aseguró que «gente de la Universitat de València como Marc Baldó, Lluís Barona o Fontana, también están en la comisión».

Intolerancia municipal

El anunció de Climent tuvo lugar en la sede de ACPV, entidad que respalda al Fòrum per la Memòria en su lucha por conservar e investigar las fosas del Cementerio. Climent compareció acompañado por la presidenta del Fòrum, Amparo Salvador, y por Mercé Teodoro, la letrada que comparten ambas entidades. Teodoro firma la demanda por vulneración de derechos fundamentales que ha llevado a una juez a condenar al Ayuntamiento de Valencia a conservar una fosa común, sobre la que empezó a construir un millar de nichos, hasta que no se investigue y homenajeé a los represaliados de la dictadura enterrados en ella. La abogada lamentó el anuncio hecho por la alcaldesa, Rita Barberá, de que el consistorio recurrirá el fallo ante el Tribunal Superior de Justicia. «Un recurso significará que el ayuntamiento se reafirma en una posición intolerante e irrespetuosa con los derechos de las víctimas de la dictadura».«No es bueno mantener la división social, pienso que después de 70 años que pasaron estos hechos deberían abordarlos con normalidad», concluyó.

El Fòrum ignora las críticas de falta de rigor histórico R. Montaner, Valencia

La presidenta del Fòrum, Amparo Salvador, y el máximo responsable de Acció, Eliseu Climent, ignoraron ayer las críticas de falta de rigor histórico en sus investigaciones vertidas por uno de los mayores estudiosos de los crimenes de la posguerra, el historiador Vicent Gabarda. El autor del único estudio publicado que cuantifica la represión franquista en todos los municipios de la Comunitat acusa al Fòrum de exagerar las cifras de represaliados en Valencia.

Salvador, tras afirmar que Gabarda es un referente para ella, dijo que los datos del Fòrum «son objetivos» y que la investigación debe continuar «porque hemos encontrado víctimas del franquismo que no están en sus listados».

El caso de Enrique Palau

Aunque no dio ningún número sobre los casos que han descubierto, puso como ejemplo el de Enrique Palau, el director de la SER en Valencia durante la Guerra Civil. «Lo sacaron de la cárcel moribundo y a las dos horas moría en su casa de "asistolia" (paro cardíaco), según el Libro de Enterramientos». Salvador asegura que Gabarda no ha contabilizado a Palau como víctima de la dictadura. Climent mostró su apoyo al Fòrum al afirmar que «no se puede limitar la investigación a un listado de 2.000 muertos en Paterna», en referencia a la obra de Gabarda, de la que dijo que «sólo habla de fusilamientos». Sin embargo, la tesis publicada por dicho historiador hace 15 años ofrece un balance total de 6.087 víctimas directas e indirectas de la represión entre 1939 y 1956, cifra en la que están incluidos los fusilados (4.714), los fallecidos en prisión (1.165) y los muertos en centros de detención.

ELPLURAL.COM

Una sentencia obliga al ayuntamiento de Valencia a paralizar cualquier edificación sobre los terrenos del Cementerio General “donde fueron enterrados republicanos/as represaliados por el franquismo” y permite “actuaciones arqueológicas” para investigar el terreno. Para la presidenta del Fòrum per la Memòria, se trata de un fallo “histórico”, y para la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, tiene “muchos juicios de valor políticos”.

La presidenta del Fòrum per la Memoria, Amparo Salvador, que ha sido la impulsora del recurso contra las actuaciones del Ayuntamiento, considera que se trata de un fallo “histórico” porque “es la primera vez en España que un tribunal autoriza la investigación de fosas comunes con represaliados de la dictadura”. Cree que se trata de “un precedente” para otros casos. “Esta vez los perdedores de la Guerra Civil han ganado”, señaló.

Un precedente Salvador advierte que el fallo “puede crear un precedente para que las administraciones respeten” las fosas comunes donde pueden haber enterrados víctimas del franquismo. La sentencia la Juzgado de lo Contencioso número 2 de Valencia obliga al Ayuntamiento de Valencia a “renunciar a la edificación de nichos, edificaciones o movimientos de tierra” en las zonas donde el Fórum per la memoria considera que hay “enterrados republicanos represaliados por el franquismo”, es decir, los cuadrantes tercero y cuarto de la sección Séptima del cementerio General de Valencia.

Permite hacer excavaciones Además, el fallo de la juez Estrella Blanes, permite que se lleven a cabo “actuaciones arqueológicas o forenses para poner a disposición de la sociedad y las familias los resultados” para conseguir la “restitución histórica y el honor a las víctimas”. Y finalmente, “permite homenajear a las víctimas de la represión franquista enterradas en la fosa” con “un elemento conmemorativo (placa, escultura, monolito, etc.)”.

“Juicios de valor políticos” La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ya anunció que piensa recurrir la sentencia. Opina que “la decisión del juzgado entra en muchos juicios de valor políticos que no entendemos que sean propios de una sentencia”. De todas formas, explica que “ya habíamos tomado la decisión de no construir más nichos allí”.

Otras fosas comunes Los grupos de oposición, socialistas y Esquerra Unida, se han mostrado muy satisfechos con el fallo, y exigen al consistorio que acate y aplique la decisión judicial. Han decidido presentar una moción conjunta para que el Ayuntamiento trate de igual forma las secciones primera y segunda de la sección séptima del cementerio.

El monumento a los verdugos Los socialistas consideran que el fallo “da cobertura y legitima a cualquier organización, pública o privada, para investigar y divulgar la memoria de los represaliados por los franquistas o víctimas de la guerra civil”. Matías Alonso, concejal del PSPV (Partido Socialista del Pais Valencià), señala que “desautoriza de raíz la pretensión de Rita Barberá de plantar un monolito ‘a todos’ víctimas y verdugos, donde yacen sólo víctimas”.

PANORAMA ACTUAL.es

Los tribunales impiden construir nichos en las fosas del cementerio de Valencia EL AYUNTAMIENTO RECURRIRÁ EL FALLO QUE DEFIENDE "HOMENAJEAR A LAS VÍCTIMAS" DEL FRANQUISMO

El juzgado de lo contencioso-administrativo número dos de Valencia estimó parcialmente el recurso del Fòrum per la Memoria y ha condenado al Ayuntamiento de la ciudad a que renuncie a la edificación de nichos, edificaciones y movimientos de tierra en los cuadrantes tercero y cuarto de la sección séptima del Cementerio general, donde fueron enterrados republicanos represaliados por el franquismo, con el fin de que esta entidad realice las tareas de investigación y restitución de la memoria de las víctimas. La magistrada de esta instancia, condena asimismo al consistorio, del que cree que ha "menospreciado" al colectivo de personas represariado en la dictadura, a permitir al Fòrum realizar una investigación "completa, rigurosa y sometida a las exigencias legales", incluidas actuaciones arqueológicas o forenses para "poner a disposición de la sociedad y las familias, los resultados" de sus trabajos en relación a los derechos de las víctimas y la restitución histórica y el honor a las víctimas". Por su parte, la Administración municipal anunció que recurrirá el fallo.

Asimismo, acuerda permitir al Fòrum y a las instituciones públicas y privadas que quieran sumarse, "homenajear a las víctimas de la represión franquista enterradas en la fosa", y la colocación, una vez terminados los trabajos de investigación, de un elemento conmemorativo.

De esta forma la magistrada estima, en prácticamente su totalidad, el recurso promovido por la entidad Fòrum per la Memoria del País Valencià, —por vulneración del derecho fundamental al honor; a la producción y creación literaria, científica y artística y a la igualdad— como consecuencia de la ejecución por parte del consistorio de las obras de construcción de nichos en la sección séptima del Cementerio general y el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 28 de abril de este año que denegó paralizar la construcción de una nueva trama de nichos en la fosa común donde han yacido republicanos ejecutados tras la Guerra Civil.

El Fòrum alegó que es una asociación cultural que tiene como objetivo social "recuperar y divulgar la memoria histórica de todos aquellos que lucharon contra el fascismo, el nazismo y el franquismo en todo el territorio español, desde el golpe militar del 18 de julio de 1936" y para ello estaba realizando una investigación en el Cementerio, a partir de los libros de registro, que han dado a conocer la existencia de cinco fosas colectivas, en las que fueron enterradas 26.300 personas entre el 1 de abril de 1939 y el 31 de diciembre de 1945; que la mayoría de las fosas fueron destruidas por construcciones posteriores y que únicamente quedaba sin edificar un cuadrante de la sección quinta y la sección séptima.

En esta zona es donde la asociación denunció el inicio de la construcción de 1.030 nichos en los cuadrantes tercero y cuarto, donde calculaba, de acuerdo con los libros de registro, que se enterraron 5.039 personas fallecidas como consecuencia de la represión procedentes de lugares de detención como la prisión celular, el monasterio de San Miguel de los Reyes, la prisión de mujeres del Convento de Santa Clara y el manicomio.

Oposición

Tanto la administración demandada como ministerio fiscal mostraron su oposición a esta solicitud. El consistorio alegó que no estaba acreditado el número de personas inhumadas en la fosa objeto de recurso; que la tramitación del expediente y el pliego de condiciones de la contrata para la realización de los trabajos era legal y conforme a derecho; que su actuación no afecta a la consideración y la honra que merecen las personas allí enterradas y que las obras de edificación de nichos se limitaban a los laterales de los dos sectores, sin ser objeto de demanda. El fiscal añadía además que la entidad no estaba legitimada para presentar el recurso.

No obstante, la magistrada señala que el Fòrum sí tiene legitimidad para emprender esta acción, en particular para reclamar la protección de vulneración del derecho al honor, por el objeto social recogido en sus estatutos.

En este caso, señala que es titular del derecho que se considera vulnerado "en tanto que persona jurídica cuyo fin resulta la recuperación de la memoria de un colectivo, del que se pretende recuperar nombres, hechos, lugares, y la consideración y estimación debida en una sociedad democrática, es decir, el derecho al honor, como expresa el Proyecto de ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura, que se debate en el Congreso de los Diputados en estos días".

Existencia de restos

Según la magistrada, de la prueba practicada se desprende que en el momento de la realización de las obras de construcción de nichos, pudo fotografiarse y verse que aún quedaban restos humanos, como corroboraron los concejales del PSPV y EU en el Ayuntamiento de Valencia Matías Alonso y Antonio Montalbán, que afirmaron haberlos visto en la primera semana de mayo.

Así, concluye que en esta parte del cementerio permanecen restos humanos "sin que pueda afirmarse con seguridad, por no constar documentalmente, que no existan restos humanos de las exhumaciones de 5.039 personas, llevadas a cabo desde el 1 de abril de 1939 y hasta el 27 de febrero de 1940" y de las personas que, de acuerdo con el Fòrum, fueron enterradas y que consta que murieron como ejecutadas por la represión franquista.

Para la magistrada, la actuación del consistorio vulneró el derecho al honor de las víctimas de la represión franquista enterradas en la fosa y su derecho a una memoria digna "tanto desde el punto de vista individual como colectivo" al ignorar las peticiones de suspensión de las obras y constituyó una intromisión ilegítima en el honor, es decir, "en la consideración y estima que la asociación recurrente persigue" en favor de los perseguidos en la Guerra Civil, con la identificación de los hechos, personas y lugares donde fueron enterradas.

En este sentido, indica que la localización de la fosa y la identificación de las personas que fueron allí enterradas podrían permitir el conocimiento de hechos históricos desconocidos y la recuperación de restos de personas que pertenecieron a este colectivo "con la consiguiente recuperación" de su memoria y honor. Así, considera es un "menosprecio a este colectivo la falta de atención y de sensibilidad mostrada por la administración municipal, al no atender a la suspensión de las obras", vulnerando así los Convenios de Ginebra y protocolos de 12 de agosto de 1949 y 8 de junio de 1997.

Según la jueza, el interés "cualificado y específico" de la recurrente a realizar este trabajo de investigación, que debió ser tutelado, no requería el registro del lugar como "hito histórico o arqueológico" sino las correspondientes autorizaciones administrativas.

Reacción

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Valencia "acata todas las decisiones judiciales, aunque en esta ocasión discrepe" del fallo emitido a raíz de la demanda presentada por el Fòrum per la Memòria del País Valencia para preservar dicha fosa común. Señaló que "en consecuencia, vamos a recurrir" la sentencia porque "a nuestro juicio quedan pocas cosas claras que harían que incluso su aplicación fuera confusa y con pocas garantías."

Manifestó, en este sentido, que alguno de los fundamentos jurídicos de la sentencia se basan en un Proyecto de Ley que está en estos momentos debatiéndose en el Congreso. Al respecto, Alfonso Grau comentó que "la Ley de la Memoria Histórica se está debatiendo en el Congreso y todavía no puede ser considerada como ley, tal y como a nuestro juicio se hace en la sentencia", dijo.

Del mismo modo, consideró que esta decisión judicial "da por hecho que en los cuadrantes tres y cuatro solamente hay restos de represaliados por el franquismo, un hecho que, según el responsable popular, "es muy dudoso".

Fòrum per la Memòria dice que su demanda puede ser un precedente para víctimas

La presidenta del Fòrum per la Memòria del País Valencià, Amparo Salvador, manifestó su satisfacción por la sentencia del juzgado de lo contencioso-administrativo número dos de Valencia que estima la demanda de esta entidad solicitando la paralización de nuevos nichos en los cuadrantes tercero y cuarto de la sección séptima del Cementerio General de Valencia sobre una fosa común en la que fueron enterradas víctimas del franquismo.

Salvador aseguró que con este fallo "los perdedores han ganado". Indicó que los miembros del Fòrum per la Memòria están "contentos" con la sentencia y lo consideró "importantísimo" porque, según destacó, la demanda impulsada por esta entidad ha sido "la primera presentada en España en este terreno, para preservar una fosa común en la que fueron enterrados represaliados del franquismo".

En este sentido, afirmó que esta demanda "puede crear un precedente para que las administraciones respeten" estos espacios y a las personas que fueron enterradas en ellos. Destacó que los nichos proyectados en los cuadrantes tercero y cuarto de la sección séptima del Cementerio General de Valencia por el Ayuntamiento de Valencia "ya no se construirán" y señaló que ello indica que la alcaldesa de la ciudad, Rita Barberá, deberá "respetar este espacio" y llevar los nichos a "otra parte".

Respecto a la posibilidad de que el consistorio presente recurso contra esta decisión judicial sostuvo que "pongan recurso o no, lo importante es que tenemos ya una batalla ganada". No obstante, Amparo Salvador estimó que el Fòrum per la Memòria tenía ganada esta batalla antes de que se emitiera el fallo porque, según dijo, "ya todo el mundo sabía que en Valencia, a pesar del secretismo con que se estaba haciendo, se pretendía construir nichos sobre una fosa común en la que fueron enterradas víctimas del franquismo".

Así, valoró la publicad obtenida a raíz de la demanda que planteó esta entidad para "conocer el alcance de la represión franquista". De este modo, resaltó que la sentencia hace un "reconocimiento al derecho a la investigación científica" del Fòrum y de todas las instituciones públicas y privadas que quieran desarrollar esta labor en favor de "los derechos y la memoria de las víctimas".

Salvador agregó que de este modo podrá ser posible conservar los cuadrantes tres y cuatro de la sección séptima, un espacio, dijo, ocupado por "la única de las seis fosas comunes localizadas en el Cementerio General de Valencia en la que fueron enterradas víctimas del franquismo" y preservar este terreno "como espacio dedicado a la memoria". Apuntó que la entidad que preside calcula que en estas fosas fueron enterradas 26.300 personas entre el 1 de abril de 1939 y el 31 de diciembre de 1945.

La responsable del Fòrum mostró también su "satisfacción" por "el esfuerzo y el trabajo" desarrollado por la entidad, que, recordó, ha publicado también una lista con más 7.000 nombres de personas enterradas en las fosas comunes del Cementerio General de Valencia. Amparo Salvador resaltó que se pretende hacer pública la lista con los 26.300 nombres de las personas enterradas en estos espacios.

Salvaguardar

Por otro lado, el concejal del PSPV en el Ayuntamiento de Valencia y coordinador del grupo de recuperación de la memoria de la Fundació Societat i Progrés, que respalda al Fòrum en sus peticiones, consideró que la sentencia emitida por el juzgado número dos de los contencioso-administrativo de Valencia es un fallo "impecable" y manifestó su "satisfacción total" por el contenido de esta decisión judicial.

Alonso aseguró que esta sentencia "da la razón a todos los que hemos intervenido" para que se paralizara la construcción de nichos sobre la sección séptima del camposanto valenciano, a la vez que sostuvo que "deja claro" que en este lugar hay "hay fosas con personas que fueron ejecutadas y asesinadas durante la ocupación franquista".

Igualmente, el edil aseveró que el fallo "deja claro y obliga al Ayuntamiento de Valencia a que se investiguen las fosas" y reconoce "el derecho de la sociedad civil valenciana a investigar". Asimismo, destacó que la sentencia defiende la realización de "un memorial digno" y "no falso e indigno" por parte del consistorio valenciano "dedicado a las víctimas y a los verdugos".

Rechazó así la construcción de un monolito en memoria de "víctimas y verdugos", en alusión al acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de Valencia para construir un monolito en memoria de todas las víctimas del franquismo. Sostuvo que la sentencia defiende "un memorial digno" para "salvaguardar la memoria" de quienes fueron enterrados en las fosas comunes durante la guerra civil y el franquismo.

Por su lado, el concejal de EU-Entesa Antonio Montalbán se mostró "contento" porque con esta sentencia "la justicia hace justicia". Estimó una "barbaridad lo que estaba haciendo y pretende hacer Rita Barberá". Aseguró que este año, dedicado a la memoria histórica, el Ayuntamiento de Valencia debería "dignificar la memoria de quienes fueron enterrados en las fosas comunes" para lo que creyó "necesario, preservar y respetar el espacio" ocupado por las fosas comunes.

Montalbán señaló que el "deber" de todos los concejales del consistorio valenciano es "trabajar juntos para que se acate la sentencia, se pueda investigar y se construya un monolito en memoria de las personas enterradas en las fosas comunes". Felicitó a los familiares de las víctimas y al Fòrum y a todos los que han trabajado para "que la justicia y la razón prevalezcan".

El edil indicó que pedirá "la misma protección" para los cuadrantes uno y dos de la sección séptima del Cementerio General que la otorgada a los cuadrantes tres y cuatro, los recogidos en la demanda del Fòrum, en el fallo del juzgado número dos de los contencioso-administrativo de Valencia. Apuntó que "no debemos olvidar que los huesos aparecidos en la tierra traslada a Sagunto procedían de los cuadrantes uno y dos".

El juez impide al Ayuntamiento construir nichos en la fosa común del Cementerio General

EFE | Valencia

El Ayuntamiento de Valencia no podrá construir nichos ni hacer movimientos de tierra en la fosa común del Cementerio General donde "fueron enterrados republicanos represaliados por el franquismo", para que se desarrollen "tareas de investigación y restitución de la memoria de las víctimas".

Así se recoge en una sentencia del Juzgado de lo Contencioso número 2 de Valencia que estima parcialmente el recurso promovido por Fórum per la Memoria del País Valencià y declara la nulidad, por vulneración de los derechos fundamentales al honor y a la investigación, del acuerdo del pleno del Ayuntamiento que denegó la paralización de la construcción de nichos en la fosa común.

Según la sentencia, el Ayuntamiento debe permitir "actuaciones arqueológicas o forenses para poner a disposición de la sociedad y las familias los resultados a efectos de posibles ulteriores reclamaciones en relación a los derechos de las víctimas y la restitución histórica y el honor de las víctimas".

El Ayuntamiento acata la sentencia de los cementerios pero discrepa y recurrirá

El primer teniente de Alcalde y portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia, Alfonso Grau, ha afirmado que el consistorio acata la sentencia que prohíbe construir nichos y realizar movimientos de tierra en una fosa común del cementerio general, pero añadió que discrepa de su contenido y que recurrirá, informaron fuentes municipales.

AGENCIAS

El juzgado de lo Contencioso número 2 de Valencia ha tomado esta decisión que afecta a la zona donde "fueron enterrados republicanos represaliados por el franquismo", para que se puedan desarrollar "tareas de investigación y restitución de la memoria de las víctimas".

El juzgado ha estimado parcialmente el recurso promovido por el Forum per la Memória y declara la nulidad, por vulneración de los derechos fundamentales al honor y a la investigación, del acuerdo plenario que denegó la paralización de la construcción de nichos en la fosa común.

En un comunicado, Alfonso Grau ha asegurado que en el texto de la resolución judicial "quedan pocas cosas claras que harían que incluso la aplicación de la sentencia fuera confusa y con pocas garantías", pues, según comentó, alguno de los fundamentos jurídicos de la sentencia "se basa en un Proyecto de Ley (de la Memoria Histórica) que está en estos momentos debatiéndose en el Congreso de los Diputados", pero que todavía no es ley.

Del mismo modo, ha considerado que la sentencia da por hecho que en los cuadrantes tres y cuatro solamente hay restos de represaliados por el franquismo, lo cual, a su juicio, "es muy dudoso".

El primer teniente de alcalde ha recordado que en ningún momento los recurrentes han pedido la declaración como espacio arqueológico o como lugar con valor histórico, ni se han interesado por la incoación de expediente para la declaración de Bien de Interés Cultural.

Según Grau, se accede, por contra, a la petición de los recurrentes, de una manera que da "pocas garantías de procedimiento", pues admite que el Forum de la Memoria, y todos los que estén interesados en el tema tienen "derecho a hacer investigaciones arqueológicas, históricas e incluso forenses".

Añadió que "una investigación rigurosa, a la que en ningún momento nos hemos opuesto ni nos oponemos, debe de gozar de suficientes garantías de procedimiento y ejecución".

Para Alfonso Grau, "la razón que va a impulsar el recurso es que la investigación que se realice en esos cuadrantes, como en cualquier otro lugar de los cementerios de Valencia, se haga con el máximo respeto, con las máximas garantías, y con los controles y responsabilidades a las que no puede ser ajena la administración pública, incluyendo la propia administración de justicia." Por otra parte, el primer teniente de alcalde ha asegurado que en la sentencia queda constancia de que, por parte del Ministerio Fiscal, se ha mantenido la falta de legitimidad del Forum para la Memoria.

Finalmente, ha afirmado que el Gobierno Municipal ya había tomado la decisión de paralizar cualquier actuación en los citados cuadrantes, "por lo que no se entiende que en la sentencia se insista en ese sentido".

Sábado, 23 de diciembre de 2006

FUNDADO EN 1872 LEVANTE-EMV

R. Montaner, Valencia

El profesor Marc Baldó niega validez a los estudios del Fòrum sobre las fosas del Cementerio General al afirmar que «es imposible que en Valencia murieran miles de personas víctimas de la dictadura». La presidenta del Fòrum, Amparo Salvador, llegó a decir el pasado 26 de abril que el «90% de las 26.300 personas enterradas entre el 1 de abril de 1939 y el 31 de diciembre de 1945 en las cinco fosas comunes de las que existen Libros de Registro serían víctimas del franquismo, con lo que estaríamos hablando de más de 23.000 personas».

El profesor del Departament d’Història Contemporània explica que el historiador Vicent Gabarda «siguió una técnica muy minuciosa para cuantificar la represión franquista, investigando juzgado por juzgado y estudiando con detalle los libros del Registro Civil». «Antes de dar cifras tuvo que identificar a los ejecutados con nombres y apellidos, lo que le obligó a ser riguroso y correcto, descartando los casos dudosos», recalca. A pesar de esta minuciosidad «puede ser que se le escapara algún nombre, pero miles en ningún caso».

En Castelló hubo más descontrol

Baldó señala que la represión franquista en Valencia «estuvo muy organizada, con sus tribunales militares, sus procesos judiciales sumarísimos y lugares de ejecución bien identificados», con lo que hay bastantes pruebas documentales de los hechos que pasaron. «Es muy difícil creer las cantidades de muertos que manejan estas personas», dice con respecto al Fòrum. El historiador matiza que la represión incontrolada «es más probable que se diera en la zona de Castelló, que se ocupó primero que Valencia al quedar la zona republicana divida por Vinaròs». Baldó cree que «sería necesario reeditar la tesis doctoral de Gabarda, completándola con los nombres que el historiador ha conocido gracias a las cartas que le llegaron después de publicar su trabajo hace 15 años».

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