Víctimes del genocidi franquista. Ni oblit ni perdó: justícia

Ante la decisión de la Audiencia Nacional de paralizar las órdenes de exhumación de varias fosas comunes, entre ellas tres del Cementerio general de Valencia

Comunicado de la Plataforma de Víctimas de Desapariciones Forzadas

Es inaudito que el Ministerio Fiscal, que debe velar por la legalidad, incluida la legalidad internacional, así como los intereses de los ciudadanos, en vez de actuar de oficio se dedique a mantener una situación anómala en cualquier democracia y en un estado de derecho: la de miles de personas detenidas ilegalmente y ejecutadas extrajudicialmente, enterradas en fosas comunes ilegales, cunetas y pozos, sin que se garantice una investigación imparcial y completa sobre las circunstancias de su desaparición y se ofrezca a sus familias una reparación justa.

dilluns 10 de novembre de 2008

La Plataforma por las Victimas de las Desapariciones Forzadas del Franquismo (PVDF) manifiesta su profundo malestar por la actuación del Ministerio Fiscal al instar la paralización de las exhumaciones autorizadas hasta el día de hoy por el Juzgado de instrucción nº 5 en relación con el proceso sumario 53/08. y su honda preocupación por la decisión del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional al suspender cautelarmente la abertura de las fosas comunes, como solicitaron las partes en el proceso.

Estas actuaciones contradicen la legalidad internacional y ponen en evidencia una vez más el desamparo de los familiares de los desaparecidos en relación con la guerra civil española, como ha constatado recientemente el Comité de Derechos Humanos de la ONU al denunciar los obstáculos con que han tropezado hasta ahora las familias en sus gestiones judiciales y administrativas para obtener la exhumación de los restos y la identificación de las personas desaparecidas. A estos obstáculos habrá que añadir ahora la labor del Ministerio fiscal y la última decisión de la Sala de lo penal de la Audiencia Nacional.

Es inaudito que el Ministerio Fiscal, que debe velar por la legalidad, incluida la legalidad internacional, así como los intereses de los ciudadanos, en vez de actuar de oficio se dedique a mantener una situación anómala en cualquier democracia y en un estado de derecho: la de miles de personas detenidas ilegalmente y ejecutadas extrajudicialmente, enterradas en fosas comunes ilegales, cunetas y pozos, sin que se garantice una investigación imparcial y completa sobre las circunstancias de su desaparición y se ofrezca a sus familias una reparación justa.

Con el auto de instrucción de 16 de octubre los familiares de desaparecidos conseguimos confiar por primera vez en la justicia española al iniciarse la investigación de crímenes contra la humanidad que habían quedado en la más absoluta impunidad aún en democracia.

Paralizando las exhumaciones se trunca esta confianza y se perpetúa la injusticia y la tortura a que se somete a nuestras familias desde hace setenta años.

POR TODO ELLO, MANIFESTAMOS NUESTRA FIRME VOLUNTAD DE RECUPERAR A NUESTROS FAMILIARES DESAPARECIDOS Y BUSCAR LA JUSTICIA QUE SE MERECEN ELLOS Y NOSOTROS MISMOS, AUNQUE HAYA QUE ACUDIR A OTROS TRIBUNALES QUE DEFIENDAN EFECTIVAMENTE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS A LA JUSTICIA, A LA VERDAD Y A LA REPARACIÓN.

7 Noviembre de 2008

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