Víctimes del genocidi franquista. Ni oblit ni perdó: justícia

ElConfidencial.com, 04/12/2011. Antonio Fernández

La Fiscalía investiga un posible fraude en Cataluña con la memoria histórica

La Sindicatura de Cuentas descubrió actuaciones sospechosas durante los últimos años que apuntan a favoritismo hacia una empresa determinada y el gasto de millones de euros que no parecen tener suficiente justificación. “Al menos de forma indiciaria, se pueden haber producido conductas irregulares que podrían comportar responsabilidades penales”, dice el informe, que ha sido enviado a Fiscalía.

dissabte 31 de desembre de 2011

ElConfidencial.com. Antonio Fernández

Joan Saura

Por las subvenciones de Saura al Memorial Democràtic.

Algo huele mal en el Memorial Democràtic. El Gobierno catalán investiga desde el pasado mes de febrero unas supuestas irregularidades dentro de este organismo, creado para salvaguardar la memoria histórica y bajo control directo del ecosocialista Joan Saura en el último Gobierno. Cargos de la Consejería, trabajadores del Memorial, proveedores y asesores han ido desfilando por los despachos oficiales para declarar durante este tiempo.

Paralelamente, la Sindicatura de Cuentas descubrió actuaciones sospechosas durante los últimos años que apuntan a favoritismo hacia una empresa determinada y el gasto de millones de euros que no parecen tener suficiente justificación. “Al menos de forma indiciaria, se pueden haber producido conductas irregulares que podrían comportar responsabilidades penales”, dice el informe, que ha sido enviado a Fiscalía.

El informe detalla los favores realizados a la compañía Stoa Propostes Culturals i Turístiques. Esta empresa participó en la elaboración de las bases para conceder las subvenciones de la Dirección General del Memorial Democrático de la Consejería de Interior entre los años 2008 y 2010 sin ningún tipo de contrato que sustentase esta intervención. La fiscalización, no obstante, se circunscribe sólo al año 2009, cuando se destinaron al Memorial Democrático alrededor de 2 millones de euros. Stoa, además, efectuaba la valoración de los proyectos presentados. Su puntuación se sumaba a la que le concedía la propia Dirección General y se sacaba la media aritmética. Paralelamente, sin embargo, asesoraba a algunos de los entes locales que presentaban proyectos a subvencionar (y que lógicamente la propia empresa calificaba). Miembros de la Consejería y el administrador de la empresa también participaron en reuniones con posteriores beneficiarios de las ayudas públicas.

Por si esto fuera poco, Stoa fue beneficiaria de la adjudicación de varios proyectos subvencionados. En otro de los puntos, el informe de la Sindicatura señala que existen indicios “de que en la licitación del contrato por la reproducción, realización y postproducción de la exposición Derecho a la Memoria, por 203.000 euros, se podría haber favorecido a la empresa Wasabi”.

La historia es cuando menos curiosa: los técnicos de la Consejería dieron más puntuación a la empresa Mercuri Sociedad General de Producción que a Wasabi para organizar esta exposición. Pero los técnicos de Stoa le dieron la vuelta al marcador al calificar con una nota mayor a Wasabi que a Mercuri, por lo que la primera se llevó el contrato.

Empresas vinculadas

Sin embargo, todo era una trampa, ya que, según especifica la Sindicatura, “Wasabi Produccions comparte tres socios fundadores con la empresa asesora [Stoa]”. Esta particularidad implica un indicio muy serio de responsabilidad penal. Paralelamente a esta adjudicación, el mismo día se le concedió otro contrato a Stoa por 66.120 euros para “el comisariado, coordinación y contenidos” de la misma exposición. Para aparentar legalidad, a este concurso se presentaron tres empresas, dos de las cuales estaban vinculadas entre sí. Una vez adjudicado, se subcontrataron algunas de las funciones sin comunicarlo a la Administración. Además, una de estas subcontrataciones fue al director del Museo del Memorial en el Exilio (Mume), que facturó a la compañía 2.000 euros.

La guinda de las irregularidades se produjo en el año 2009, cuando tres técnicos de Stoa fueron contratados directamente por la Consejería “y formaron parte de la comisión de evaluación de los proyectos que optaban a subvención, mientras que la sociedad continuaba asesorando a los entes locales que presentaban proyectos”. Esta relación de los antiguos trabajadores de Stoa decidiendo sobre los proyectos a subvencionar, según fuentes consultadas por este diario, “hace daño a la vista. No puede ser que los ex trabajadores de una empresa evalúen los proyectos en los que participa la misma empresa que les pagaba hasta días antes. Su decisión habría de estar, necesariamente, contaminada debido a las relaciones laborales que habían tenido hasta ese momento”.

“Amistades personales”

Fuentes de la Administración catalana señalaron a El Confidencial que al margen de la denuncia por las irregularidades del año 2009, “la investigación interna sigue su curso, ya que hay cosas que estéticamente no pintan muy bien, más allá de las amistades personales que pudiera haber en adjudicaciones sospechosas”. Porque, además de la concesión de poder de decisión a una empresa determinada o el encargo de trabajos a esta misma empresa, el Gobierno quiere saber, por ejemplo, porqué se construyeron “cinco espacios de la memoria en el Ebro y de ellos sólo está abierto al público uno. Son decisiones desconcertantes de los anteriores responsables”.

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