Víctimes del genocidi franquista. Ni oblit ni perdó: justícia

elPeriodico.com/OPINIÓN, 28/12/2008. ANDREU MAYAYO. LA DEVOLUCIÓN DE LOS DOCUMENTOS CONFISCADOS POR EL FRANQUISMO

La razón democrática

Con los ’papeles de Salamanca’ hemos asistido a un espectáculo de una bajeza moral y política repulsiva. Los llamados papeles de Salamanca no tenían ninguna finalidad archivística (de conservar, clasificar y poner a disposición de los investigadores el fondo documental confiscado), sino, simple y llanamente, de servicio de información policial para la represión política confeccionando unas fichas individualizadas para "conocer, denunciar y sancionar a los enemigos de la patria"

dilluns 29 de desembre de 2008

ANDREU MAYAYO*

El 23 de diciembre de 1938, el católico Caudillo, por la gracia de Dios, Francisco Franco ordenó el inicio de la ofensiva final contra Catalunya sin respetar la tradicional tregua navideña. El zambombazo de aquella Nochebuena fue estremecedor. En un mes, los rebeldes llega- rían a las puertas de Barcelona y, en un par de semanas más, a la frontera francesa. Setenta años después conviene recordar la entrada a saco de un Ejército que se llamaba a sí mismo "de ocupación" y que declaró el estado de guerra para limpiar a fondo sin miramientos. La Delegación del Estado para la Recuperación de los Documentos (DERD), adscrita al Ministerio del Interior de Ramón Serrano Súñer y dirigida por el requeté navarro Marcelino de Ulibarri y Eguiraz, estaba a punto para su cometido, que no era otro que la apropiación, custodia y clasificación de todo tipo de documentación procedente de archivos de las administraciones públicas, entidades y personas "hostiles y desafectas al Movimiento Nacional (...) y que sean susceptibles de suministrar al Estado información referente a la actuación de sus enemigos".

LA PRÁCTICA totalidad de la plantilla de la DERD (81 personas) se trasladó a Barcelona y ejecutó, bajo la atenta mirada del policía Eduardo Comín Colomer y con la ayuda de un nutrido grupo de requetés catalanes, 1.690 registros oficiales. Según los datos aportados por Josep Cruanyes, en julio de 1939 se enviaron a Salamanca, en vagones de mercancías, 141 toneladas de documentos, a las que habrían de sumarse, posteriormente, una veintena más con documentación, entre otros, de 120 ayuntamientos catalanes. Asimismo, algunos libros fueron pasto de las llamas, aunque la mayoría tuvieron un destino más lucrativo. Solo del 1 de mayo al 5 de septiembre de 1939 fueron vendidos 72.637 kilos de libros para pasta de papel. Los llamados papeles de Salamanca no tenían ninguna finalidad archivística (de conservar, clasificar y poner a disposición de los investigadores el fondo documental confiscado), sino, simple y llanamente, de servicio de información policial para la represión política confeccionando unas fichas individualizadas para "conocer, denunciar y sancionar a los enemigos de la patria". Con el tiempo se rebasaría la cifra de los tres millones de fichas. En este sentido, en el inventario de archivos del Ministerio de Cultura de 1977 no aparece el de Salamanca. Por otra parte, los responsables de tal archivo no tuvieron empacho en destruir el 90% de los documentos trasladados desde Catalunya, en uno de los atentados más graves contra el patrimonio cultural realizado por el propio Estado.

En esto de destruir documentación, el ministro de Gobernación Rodolfo Martín Villa fue un as. Primero ordenó a los alcaldes destruir los ficheros de los militantes falangistas y luego, el 19 de diciembre de 1977, firmó la orden de eliminar todas las fichas elaboradas por la DERD. Un mes después, el senador Josep Benet interpelaba al ministro para que detuviera el genocidio documental y restituyera a la Generalitat y a los legítimos propietarios los documentos depositados en Salamanca. Era el principio de una larga reivindicación, que aún colea.

En todos estos años hemos asistido a un espectáculo vergonzoso, de una bajeza moral y una demagogia política repulsivas. La prueba del algodón de la cultura democrática española ha quedado empañada por alcaldes, socialistas y populares, atizando las bajas pasiones de los ciudadanos, por literatos implorando el "derecho de conquista", por gobiernos mirando para el otro lado, por ministros escondiendo la cabeza bajo el ala, por doctos académicos escurriendo el bulto... ¿Cómo pueden permitir los salmantinos que se bautice la calle donde está el archivo como calle del Expolio, en referencia a la devolución de los documentos requisados a sus legítimos propietarios? ¿También hemos de aplaudir a los militares golpistas que acusaron, sentenciaron y ejecutaron a sus compañeros de armas por el delito de rebelión militar simplemente por haber hecho honor a su juramento de fidelidad al Gobierno legítimo y constitucional de la República? ¿Estamos locos o no hemos aprendido nada?

A PESAR DE la loable tarea de la Comissió de la Dignitat, quizá no hayamos sido capaces de explicar con claridad que la cuestión de los papeles de Salamanca no era un agravio más de los catalanes, sino un problema de la democracia española. La sentencia de la Audiencia Nacional, que reconoce que los documentos incautados forman parte de la intimidad y dignidad de sus propietarios y piden su devolución a todos los españoles, constituye un paso adelante para que los poderes del Estado se tomen en serio de una vez por todas la reparación moral de las víctimas de la dictadura franquista. A muchos no nos molesta Espa- ña, y mucho menos, los españoles; solo nos duele esa España incapaz de hacer tabla rasa con la dictadura franquista. Como le dolía al insigne Miguel de Unamuno el grito legionario y fascista de "¡Viva la muerte, muera la inteligencia!", espetado por Millán Astray en el paraninfo de la universidad salmantina, al cual el rector replicó en defensa de la razón democrática con el famoso: "Venceréis, porque te- néis sobrada fuerza bruta, pero no convenceréis".

*Historiador

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