Víctimes del genocidi franquista. Ni oblit ni perdó: justícia

LEVANTE. EL MERCANTIL VALENCIANO. martes, 12 de diciembre de 2.006

Sobre el proyecto de ley de la memoria histórica

Amparo Salvador Villanova

dilluns 25 de desembre de 2006

Da tratamiento de víctimas a los fascistas que realizaron el criminal golpe de Estado contra el legítimo Gobierno de la II República, elegido democráticamente por el pueblo español, y les equipara con los defensores de la legalidad constitucional, la democracia y la libertad.

El Fòrum per la Memòria del País Valencià rechazamos el proyecto de ley de la memoria, y nos unimos a las voces que piden su retirada, por entender que no contiene ninguna de las reivindicaciones del movimiento de recuperación de la memoria y de las asociaciones de víctimas del terrorismo franquista.

Entendemos que es un proyecto de ley que mantiene la impunidad de los verdugos y genocidas del franquismo y sus colaboradores, ya garantizada por la ley de amnistía de 1977, impunidad que ahora amplía, protegiendo expresamente su identidad, ya que a partir de la entrada en vigor de la ley estará prohibido, incluso, decir sus nombres.

No anula los juicios sumarísimos de los consejos de guerra de los que se valió el franquismo para llevar a miles de demócratas, opositores al golpe de Estado y defensores del legítimo Gobierno de la República, al paredón de fusilamiento, a pesar de la opinión unánime de que aquellos juicios no fueron más que una farsa siniestra inventada por el régimen para deshacerse de sus opositores, siendo calificados por los especialistas de total ilegalidad.

No retira de todas las calles y edificios de nuestro país, sean públicos, privados o religiosos, los símbolos del franquismo, permitiendo que se haga apología pública del fascismo, algo impensable en cualquier país de la Comunidad Europea.

No rehabilita jurídica y legalmente a las víctimas. Propone la rehabilitación moral, lo cual sobra. Al parecer, el Gobierno ha olvidado que las víctimas del franquismo nunca perdieron su dignidad.

Da tratamiento de víctimas a los fascistas que realizaron el criminal golpe de Estado contra el legítimo Gobierno de la II República, elegido democráticamente por el pueblo español, y les equipara con los defensores de la legalidad constitucional, la democracia y la libertad.

No trata para nada de la devolución de todos los bienes que fueron incautados y robados a los opositores y a sus familias, estableciendo unas dotaciones económicas para indemnizaciones y pensiones que son un insulto para las víctimas, por su escasa cuantía y porque no es extensiva a todos los colectivos de represaliados y sus familias.

Este proyecto de ley incumple los tratados y acuerdos internacionales en materia de genocidio que el propio Estado español ha firmado, y el Gobierno desoye las recomendaciones de las organizaciones internacionales de derechos humanos como Amnistía Internacional y el Equipo Nizkor, a las asociaciones de afectados y sus familias y a todo el movimiento de recuperación de la memoria de todo el Estado.

El Gobierno parece olvidar que el franquismo cometió en España crímenes contra la humanidad y que éstos no prescriben nunca, y que nunca podrá haber reconciliación ni Estado de Derecho mientras no prevalezcan la justicia y la reparación por encima de cualquier otro interés; ninguna sociedad puede sobrevivir al desconocimiento de su propia historia por horrible que ésta sea, y desde el Estado no se puede abandonar eternamente a las víctimas y allegados practicando el olvido. Tarde o temprano tendrá que abordar los hechos y darles el tratamiento adecuado.

Y que no vuelvan a hablarnos de que pretendemos reabrir viejas heridas porque esas heridas no se cerraron nunca: nuestros muertos todavía están tirados en las fosas, cunetas de las carreteras, barrancos? en la más absoluta clandestinidad, desconociendo a día de hoy, en la mayoría de los casos, ni cuántos fueron, ni cómo se llamaban ni dónde fueron enterrados. Además, siguen siendo considerados criminales porque no han sido derogados los tribunales que los juzgaron y condenaron.

En definitiva, pedimos justicia para nuestras víctimas y pedimos que se aplique la legislación internacional que el propio Estado español ha firmado. Que no sólo se pueda juzgar en España a Pinochet y a los dirigentes del Tibet, que se juzgue también a los genocidas franquistas responsables de la muerte de centenares de miles de personas en situación total de indefensión durante la feroz represión llevada a cabo después de finalizada la guerra. No queremos venganza ni revancha: queremos justicia.

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