Víctimes del genocidi franquista. Ni oblit ni perdó: justícia

Reunión en Ginebra de diferentes entidades españolas, entre ellas el Fòrum per la Memòria, con el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de las Naciones Unidas. 27 de noviembre

por primera vez los desaparecidos en España están en manos del Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas e Involuntarias de Naciones Unidas con carácter oficial.

No es posible que los Tribunales españoles -basándose en sus obligaciones bajo el derecho internacional - hayan asumido su competencia para investigar y perseguir los crímenes más graves de derecho internacional cometidos en países como Chile y Argentina, en cuyas causas han sostenido que las leyes de amnistía así como cualquier otra medida análoga carezcan de validez en España, y se abstengan de investigar crímenes similares cometidos en su propio país.

divendres 28 de novembre de 2008

C0MUNICADO DE PREMSA

Víctimas de Desapariciones Forzadas en España

El día 27 de Noviembre de 2008 una delegación conjunta formada por distintas ONG -Amnistía Internacional, la Federación de Asociaciones para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos en España, la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos-, asociaciones de familiares de desaparecidos en representación de Arucas (Islas Canarias), Andalucía, Aragón, Baleares, Cataluña, Valladolid y Fòrum per la Memòria del País Valencià, miembros de la Plataforma de Víctimas de las Desapariciones Forzadas del Franquismo se han reunido con el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de las Naciones Unidas.

La finalidad de la reunión ha sido exponer la situación critica que se está viviendo en España entorno a las victimas de desapariciones forzadas de la guerra civil y el franquismo. La actitud del Grupo de Trabajo ha sido muy positiva y han afirmado que están siguiendo muy de cerca el caso de las familias españolas. El Presidente del Grupo de Trabajo, Sr. Corcuera, ha señalado que estudiaran las medidas que se puedan aplicar al caso español.

Adjuntamos para su información el manifiesto presentado por Amnistía Internacional y suscrito por las organizaciones antes mencionadas y otros. Y asimismo os entregamos el manifiesto para su posterior difusión y adhesión

Manifiesto Amnistía Internacional

Para pasar página, primero hay que leerla

Los abajo firmantes, juristas y organizaciones internacionales nos dirigimos a las autoridades y sociedad españolas, así como a la opinión pública internacional con ocasión de la investigación abierta por la Audiencia Nacional en relación a hechos delictivos ocurridos durante la Guerra Civil y el Franquismo que podrían constituir crímenes contra la humanidad.

Mantenemos que:

- España tiene el deber de poner fin a la prolongada injusticia de la que han sido objeto las víctimas de desaparición forzada y otros crímenes y sus familiares, llevando a cabo las investigaciones necesarias para dar con el paradero de los restos de estas personas, y esclarecer las circunstancias en que tan graves abusos se produjeron.

- Al llevar adelante esta tarea, España debe cumplir con las normas internacionales sobre la materia que su propio ordenamiento jurídico reconoce, y tal y como su práctica jurisprudencial refleja - de manera reiterada - al pronunciarse sobre las consecuencias legales de los crímenes contra la humanidad.

- De acuerdo con el Derecho Internacional, los crímenes contra la humanidad no son susceptibles de amnistía, indulto o prescripción. Las normas convencionales sobre la materia, adoptadas con posterioridad a los hechos que deben ser objeto de investigación, es sabido, han simplemente recogido una obligación que ya existía anteriormente como norma consuetudinaria. El Estado español no puede sustraerse a la obligación de investigar estos crímenes, y debe poner fin a la impunidad garantizando a las víctimas y a sus familiares su derecho a la verdad, la justicia y la reparación integral.

- No es posible que los Tribunales españoles -basándose en sus obligaciones bajo el derecho internacional - hayan asumido su competencia para investigar y perseguir los crímenes más graves de derecho internacional cometidos en países como Chile y Argentina, en cuyas causas han sostenido que las leyes de amnistía así como cualquier otra medida análoga carezcan de validez en España, y se abstengan de investigar crímenes similares cometidos en su propio país.

- Los que suscriben el presente manifiesto ya observaron, con motivo de la aprobación de la Ley 52/2007, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, que en ella no quedaban plasmados los estándares internacionales fijados en materia de desapariciones, exhumaciones y recuperación de cuerpos. No existe antecedente alguno en que un Estado haya trasladado a las familias de las víctimas las tareas, costes y responsabilidades de dichas acciones. Además, la propia ley en su Disposición Adicional Segunda, afirma claramente que: “Las previsiones contenidas en la presente ley son compatibles con el ejercicio de las acciones y el acceso a los procedimientos judiciales ordinarios y extraordinarios establecidos en las leyes o en los tratados y convenios internacionales suscritos por España”.

España está en estos momentos en el punto de mira de la comunidad internacional que espera que por fin cumpla con las obligación de investigar los hechos de su historia reciente que podrían ser constitutivos de crímenes contra la humanidad y garantizar, con todos los medios a su alcance, de la manera más completa posible y sin dilación, los derechos de las víctimas a verdad, justicia y reparación.

Adhesiones al Manifiesto: Federico Andreu Consejero General de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ)

Line Bareiro Ex integrante de la Junta Directiva del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH)

Nicolas Boeglin Miembro del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) y profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad de Costa Rica.

Pilar Coll Torrente Primera Secretaria General de la Coordinadora Derechos Humanos de Perú

Carlos Iván Degregori Ex Comisionado de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú

Elvira Domínguez-Redondo Senior Lecturer in Law, Middlesex University, The Burroughs, Hendon, London

Carmelo Faleh Pérez Secretario general de la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH), y profesor de Derecho Internacional Público Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Gustavo Gallon Presidente de la Comisión de Juristas Colombiana

Ronald Gamarra Secretario General de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú

Soledad García Muñoz Miembro del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH)

Roberto Garretón Ex abogado de la Vicaría de la Solidaridad durante la dictadura de Pinochet

José Antonio Martín Pallín Magistrado Emérito del Tribunal Supremo y miembro de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ)

Julieta Montaño Salvatierra Presidenta de la Oficina Jurídica para la Mujer (OJM) de Bolivia

Hugo Omar Cañón Fiscal General, Cámara General de Bahía Blanca de Buenos Aires y Presidente de la Comisión Provincial por la Memoria

Jorge E. Pan Miembro del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay

Víctor Manuel Rodríguez Rescia Vicepresidente del Subcomité para la Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas

Fabián Salvioli Catedrático de Derecho Internacional Público y Director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de la Plata, Buenos Aires

Pancho Soberón Director de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) de Perú

Silke Studzinsky Senior Legal Advisor, Cambodian Human Rights and Development Association (ADHOC)

Alirio Uribe Muñoz Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo de Colombia

Hernando Valencia Ex Secretario Adjunto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Carlos Villán Durán Presidente de la Asociación Española para el Desarrollo y la Aplicación del Derechos Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH)

Susana Villarán Secretaria y Comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

José Zeitune Consejero Jurídico para Latinoamérica de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ)

Perfecto Alonso Tejero Abogado Colegio de Barcelona

Björn Arp Secretario Académico del Master sobre Protección de los Derechos Humanos de la Universidad de Alcalá

Nemesio Barxa Barxa Abogado

Rafael Calderón Fochs Abogado Colegio de Barcelona

José Antonio Díaz Díaz Presidente de la Ong Movimiento por la Paz en Canarias (MPDLC)

Juan Manuel de Faramiñán Gilbert Catedrático de la Universidad de Jaén

José Luis Galán Abogado. Colegio de Madrid

Felipe Gómez Isa Miembro del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Deusto

Francisco Jiménez Bautista Profesor e investigador del Instituto de la Paz y los Conflictos de la Universidad de Granada

Eva Labarta i Ferrer Abogada Colegio de Barcelona

Antoni Lucchetti Abogado Colegio de Barcelona

Beatriz Monasterio Abogada. Colegio de Madrid

Sergi Palmés Oranich Abogado. Colegio de Barcelona

Enrique Santiago Romero Abogado

Alicia Silvia Pifarré Pan Abogada. Costa Rica

Pilar Rebaque Mas Abogada. Colegio de Barcelona

Javier Roldán Barbero Catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Granada

Lourdes Torres Prat Abogada Colegio de Barcelona

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