Víctimes del genocidi franquista. Ni oblit ni perdó: justícia

Grupo Memoria Libertaria Valladolid. Viernes 23 de octubre de 2009

La institucionalización de la “memoria histórica” y las víctimas de la represión franquista sin rehabilitar

El 26 de diciembre de 2007 fue proclamada por el rey Juan Carlos y el presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero la llamada Ley de Memoria Histórica cuyo cometido, según se precisaba en la Exposición de motivos, era “reparar a las víctimas (…) de la Guerra Civil o de la represión de la Dictadura”. Se incluye artículo de Rafael Cid, Garzón, Auto-de-Terminación

dimarts 27 d'octubre de 2009

Dos años han transcurrido desde entonces y a pesar de que también se proclamaba el “carácter injusto de todas las condenas, sanciones y expresiones de violencia personal producidas por motivos inequívocamente políticos o ideológicos, durante la Guerra Civil, así como las que, por las mismas razones, tuvieron lugar en la Dictadura posterior”, la rehabilitación de las víctimas de la represión franquista aún sigue siendo una asignatura pendiente. Y lo seguirá siendo mientras se espere o se exija únicamente el cumplimiento de tal Ley.

No sólo porque es una quimera esperar que la anulación de las sentencias pronunciadas por los tribunales franquistas venga de un Gobierno y un Partido (socialista) que redactaron precisamente esa Ley para no hacerlo sino también porque, aunque este Gobierno y este Partido mostrasen más voluntad para aplicarla, sería entonces la judicatura, dominada por magistrados derechistas, la que se apoyaría en esa Ley para impedirlo.

Por si hay dudas al respecto, véase en qué ha quedado la iniciativa del Juez Baltasar Garzón de abrir el sumario por los crímenes del franquismo y las desapariciones forzadas. Y no digamos de las decisiones que el Ministro de Justicia y el Fiscal General del Estado podrían y deberían haber adoptado –conforme a los Arts. 956 y 961, respectivamente, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal- para plantear los Recursos de revisión de todas las sentencias “ilegítimas, por vicios de forma y fondo” dictadas por los Consejos de Guerra y demás tribunales franquistas, que también eran “ilegítimos”, puesto que la Ley de “Memoria Histórica” los declara como tales “por ser contrarios a Derecho y vulnerar las más elementales exigencias del derecho a un juicio justo”. Decisiones que no han sido adoptadas con la excusa de que la irretroactividad, la prescripción y la legalidad de los delitos, que son las características de un Estado de derecho, impiden “la perseguibilidad por los tribunales de prácticas de lesa humanidad perpetradas antes de que ese tipo penal hubiese sido incorporado al ordenamiento en el año 2003”.

Paradoja por supuesto insoportable para cualquier lego en materia jurídica, pero que arregla a los que se prevalecen de tal contradicción -entre el Derecho y la Historia- en la polémica en torno al eventual enjuiciamiento de los crímenes franquistas. Polémica por lo demás estéril, puesto que tal contradicción fue obviada por los compromisarios de la Transición al permitir la continuidad, como Jefe de Estado y Jefe de las Fuerzas Armadas, del heredero de Franco transformado en Rey de una monarquía parlamentaria.

Pero el colmo de esta impotencia jurídica y política, en que la Transición (¡presentada como un arquetipo institucional universal!) ha situado a la Democracia española, se ve vergonzosamente en evidencia cuando vemos a la nieta del president Companys obligada a conformarse con un simple documento de “reparación” de la figura de su abuelo expedido por el actual Ministerio de Justicia. Y aún más grave y vergonzoso es ver a los políticos catalanes, que se pretenden herederos del ex-presidente, seguir con la comedia de tomar acuerdos para pedir (en el Parlament) la anulación de la sentencia pronunciada por el Consejo de Guerra que condenó a muerte a Companys. Y ello a sabiendas de que Zapatero les ha dicho repetidas veces que, de anulación, nada…

Ante tal situación de renuncia y simulación, agravada además por la indefensión en que se encuentran y se encontrarán los familiares y las asociaciones de desaparecidos durante la Guerra Civil mientras los tribunales no den cauce a sus demandas, consideramos que es una verdadera claudicación quedarse en el debate para obtener placas o nombrecitos en las calles u otros sitios públicos, etc. Es decir: empeñarse en obtener logros simbólicos que no cambian nada de fundamental en la ingeniería política e institucional que mantiene en vigor los pactos del silencio y la impunidad.

Es pues por ello que consideramos un deber denunciar tanto esa cobarde e infame Ley de “Memoria Histórica” como la resignación de muchos memorialistas dedicados exclusivamente a conseguir su aplicación.

Nuestra posición en la lucha por la recuperación de la memoria histórica fue siempre clara. Nuestro objetivo era hacer todo lo posible por rehabilitar (moral, política y jurídicamente) a las víctimas de la represión franquista y conseguir que a sus familiares se les hiciera por fin justicia. Por eso, cuando los políticos que nos gobiernan pretendieron que esa ley las rehabilitaría también jurídicamente, nosotros denunciamos tal mentira. Y por eso continuaremos denunciándola mientras sirva para impedir la anulación de las sentencias impuestas por los tribunales represivos de la Dictadura, a cuantos luchaban por la libertad del pueblo español, y mientras siga estableciendo una escandalosa e infame discriminación entre las víctimas de la represión que perdieron la vida antes de 1968 y las que la perdieron después…

En tanto que libertarios lo decimos clara y firmemente : la anulación de las sentencias franquistas y el fin de la discriminación entre los que sufrieron la represión franquista son, para nosotros, objetivos irrenunciables. Por ello instamos a cuantos se sientan identificados con estos dos objetivos a seguir movilizados para luchar conjuntamente por ellos.

Memoria Libertaria Valladolid

Rafel Cid. Garzón, Auto - de - Terminación (domingo, 7 de diciembre de 2.008)

La decisión del juez Baltasar Garzón sobre los crímenes del franquismo es la última pirueta del actual Estado posfranquista para borrar su ilegitimidad de origen. Pensar que el magistrado estrella iba a someter al régimen que le procura honores, cargos, celebridad y sustento al oprobio de la justicia penal universal, representaba un ejercicio de fonambulismo político. Garzón, titular de una institución heredera directa del Tribunal de Orden Público (TOP) de la dictadura es un leal servidor de esta monarquía del 18 de Julio del 36 y del 20 de noviembre del 75. Y todos sus pasos van encaminados a su mayor gloria, la del propio Garzón y la de sus patrocinadores.

Por eso, la espantada que acaba de protagonizar dejando en vía muerta las justas reivindicaciones de las víctimas de la represión no cabe atribuirla a un accidente procesal sobrevenido. La briosa arrancada de caballo con que asumió el caso y el bufo parón de burro con que ahora lo ha enterrado, estaba en el guión inicial. Por más que en el interín se haya esforzado en darle vidilla mediática polemizando con su amigo el fiscal jefe de la Audiencia Nacional Javier Zaragoza y lograra embarcar bajo su bandera de conveniencia a una comisión de expertos, con personalidades como el jurista y ex fiscal anticorrupción Jiménez Villarejo y los historiadores Francisco Espinosa y Julián Casanova. Material de primera para un funeral de tercera. ¡Ojito con Garzón !

Su declinación de competencia en un tema en que se presumía absoluta solvencia, como parecía demostrar que unas diligencias previas se convirtieran en 48 horas en sumario abreviado, era la clave encriptada de una sutil operación que se inició con la Ley de Memoria Histórica (LMH). La LMH perseguía aparcar para siempre esa bola de nieve creada por los nietos de los asesinados del franquismo al abrir las fosas que denunciada ante el mundo al Estado democrátio por su “inoperatividad” cómplice. Concebida en el fondo como una “Ley de Punto Final”, la norma necesitaba un aderezo “progresista”, que se ceñía a las justas compensaciones económicas para las familias y el decorado de la retirada de símbolos de la dictadura del callejero (aunque la iglesia ha pasado olímpicamente), pero que sobre todo precisaba el colofón de su desactivación jurídica. Y en eso llegó Garzón.

De tal guisa que, a la postre, la Ley de Memoria Histórica se ha saldado como una segunda autoamnistía. La amnésica del 77, preconstitucional, permitió la continuidad de la estructura del franquismo a pie de obra –judicatura, policía, ejército, alta administración del Estado, etc.- y ahora la de Zapatero institucionaliza desde la izquierda en el poder el olvido definitivo de aquellos cuarenta años de represión y rapiña integral. Amén de ese infame guiño al consenso que suponía reconocer en el articulado de la LMH el carácter de Cruzada del Alzamiento fascista al admitir que hubo persecución por motivos religiosos. Otra vez las víctimas pidiendo perdón a los verdugos (precisamente lo que con tanta vehemencia denuncian en el conflicto vasco).

Por eso era imprescindible la “operación Garzón” que sellara esa cámara de los horrores que al destaparse por la acción de los incontrolados de la “recuperación de la memoria histórica” podía empañar el prestigio de la jefatura de la monarquía franco-borbónica en plena planificación de su traspaso al príncipe Felipe. Si la Ley de Memoria Histórica, tan insensatamente bendecida desde cierta izquierda oficial por el simple impulso pauloviano de que concitaba las protestas de la extrema derecha, cerraba toda posibilidad de anulación de los juicios del franquismo, al titular del juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional le cabía el honor de neutralizar cualquier posible acción de justicia penal universal. Lo que resultó un imperativo ético contra Pinochet y los militares argentinos, desbarraba en el caso del franquismo a manos del mismo héroe justiciero que había hecho añicos la impunidad de golpistas y genocidas en América Latina.

Aunque esta larga marcha hacia una nueva impunidad legal y socialista (¡qué gran detalle el del presidente del Congreso y su “mártir” Sor Maravillas !), necesitaba complicidades entre los manufacturadores del capital simbólico de moderno perfil. En este sentido ha sido especialmente importante la aportación del diario El País, quien a lo largo y ancho de la aventura equinoccial de Garzón ha suministrado los elementos jurídicos, históricos y culturales para metabolizar al mismo tiempo la legitimidad de fondo de la causa y la improcedencia de facto de la iniciativa de justicia por crímenes contra la humanidad. Como en los tiempos de la polémica sobre la OTAN, en esta ocasión Javier Pradera y el somatén intelectual que controla la esencias liberales del periódico fundado por Jesús Polanco (al que Garzón, hay que recordarlo, salvó de una embestida judicial), con el último Premio Planeta de novela al frente, el hípico Fernando Savater, se encargaron en todo momento de marcar los límites de la “garzonada”. Cuando no eran los duendes de la imprenta quienes alteraban el sentido de una frase en una columna de opinión de Francisco Espinosa haciéndole pasar por adicto al borrón y cuenta nueva respecto al genocidio fascista. Eso sí, dejando que en las tribunas del diario prestigiosos especialistas expusieran opiniones en defensa de lo que parecía querer investigar el superjuez.

Este carnaval ha persistido hasta el último aliento. De suyo el auto-de-terminación de Garzón es un abultado y cínico argumentario a favor del procedimiento, con revelaciones tan sorprendentes como la de los “niños incautados” por el franquismo y la utilización de la psiquiatría como elemento de tortura. Por no hablar de mayúsculas referencias que han sido censuradas por los medios y que el auto eleva a la categoría de notición, como la noticia de que el Comité de Derechos Humanos de la ONU pidió al gobierno español el 27 de octubre pasado la derogación de la ley de amnistía de 1977. Una solicitud que fue ignorada por Moncloa de la misma manera que hizo el 17 de marzo del 2006 con otra en idéntico sentido aprobada por unanimidad por el Consejo de Europa. Y para más inri, el mismo día en que Garzón tiraba la toalla, el rey inauguraba la nueva cúpula del Salón de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, realizada por Miguel Barceló y cofinanciada por España con partidas del Fondo de Ayuda al Desarrollo.

Las galantes y multimillonarias donaciones públicas de la Operación Rescate al boyante sistema financiero español y el no menos extorsionador auto de terminación del juez Garzón, con el aplauso sordo del régimen, demuestran que el Estado son ellos y no la sociedad civil a la que dicen representar. Y como patrimonio suyo que es, dan y quitan lo que no les pertenece a voluntad de sus intereses y de la de sus emboscados. Sin embargo, devuelto el caso de la recuperación de la memoria histórica a sus verdaderos dueños, es cuando de verdad comienza la lucha por la dignidad asesinada. Que en un Estado derecho el poder judicial inicie un sumario por crímenes contra la humanidad cometidos por Franco y su régimen para luego abandonarla sobre la marcha al certificar que Franco y sus secuaces han fallecido, es un monumento al atropello jurídico y un atentado contra la democracia. Por eso, al auto-de-terminación dictado por Garzón debe seguir la autodeterminación de los ciudadanos.

Ya no hay sólo un frente institucional y burocrático en un rancio despacho de la Audiencia Nacional en Madrid. Todas las cunetas del país son desde ahora audiencia pública. La ONU y el Consejo de Europa han avalado la justicia de la anulación de las sentencias del franquismo y la necesidad de constituir una Comisión de la Verdad sobre la dictadura. Una vez más, como decía Luisa Michel, será preciso que la verdad ascienda desde los tugurios porque desde las alturas no caen más que mentiras.

Rafael Cid

www.memorialibertaria.org/spip.php?article1029

SPIP | esquelet | | Mapa del lloc Web | Seguir la vida del lloc RSS 2.0